Opinión:
Setenta y seis años no es nada
Un magistrado de gran y valiosa trayectoria.
Por: Helmer Velásquez
Más cuando estos han estado dedicados al trabajo, la familia y el bien común. Ese es el caso de Rodolfo de León Molina, social cristiano de profundas convicciones, servidor de las causas comunitarias a lo largo de su trayectoria. Pocos cristianos como él pueden ufanarse de dedicar lo mejor de su esfuerzo al estudio, análisis y difusión de las Encíclicas Papales y predicar la opción preferencial por los pobres de la Iglesia católica. Le conocimos justamente cuando disertaba a un grupo de promotores sociales, en el Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (IDESAC), sobre los contenidos de la Rerum Novarum. Por eso no resultó extraño que desde la base de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia haya asumido con entusiasmo y fidelidad el mandato que el Organismo Judicial le otorgara de facilitar la elaboración del Ante proyecto de Código Agrario. Esta tarea finalizó abruptamente cuando la Corte “decidió” retirarse del proceso, por haberse dado cuenta –dos años después de iniciada la tarea–, que esta no le correspondía. Este despertar a la “verdad” de siete magistrados ocurrió (como es público) después de dos o tres visitas que les hicieran los jerarcas del capital nacional. Pese a las protestas de los campesinos organizados, el Congreso de la República no emitió punto resolutivo alguno, aún y cuando se violaba una Ley por ellos emitida –Registro e Información Catastral–. De lo anterior deviene la sorpresa y suspicacia que provoca la diligencia con la que los señores diputados actuaron para solicitar a la Corte Suprema tomar cartas en el asunto de los 76 años. Al margen de las contradicciones que sobre la edad tiene nuestra Legislación. Es asombroso cómo los detractores de los pocos funcionarios probos aprovechan cualquier ocasión para intentar botarlos de la función pública. Ese es el caso, ahora. No tiene otra explicación. Mientras ningún hidalgo tribuno ha reivindicado el hecho que la Ley de Desarrollo Rural ni siquiera está en agenda Parlamentaria, y que el Código Agrario se encuentra en un limbo, sí han tenido la desfachatez de percatarse de un dato cronológico, cuya solución corresponde a otro organismo del Estado. Este incólume ciudadano merece nuestro reconocimiento y seguramente el de amplios sectores sociales. Los diputados mejor harán en orientar su atención a tareas sustantivas, apurando –por ejemplo– la legislación que proteja y fomente, la economía de los productores del campo, cuya prioridad es innegable.
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