Opinión:
El monopolio de las aseguradoras
Los mejores vendedores se volvieron competencia.
Por: Silvia Tejeda
En el caso de la cuestionadísima Ley de la Actividad Aseguradora, iniciativa número 3 mil 500, el Congreso de la República está contradiciendo todos los principios de la libre empresa que tanto se pregona que debe prevalecer en una sociedad como la nuestra, donde se habla de globalización y de los principios democráticos que rigen el libre mercado, mientras se pone el país entero al servicio de las tendencias monopolísticas.
Desde 1996 que se viene fraguando un fuerte cabildeo para darle a los privilegiados bancos y compañías financieras del país también el monopolio de los seguros médicos y de vida. El proyecto ha pasado su segunda lectura, como un silencioso tamagás, y no pasó la tercera porque tanto los nuevos como algunos viejos diputados desconocen totalmente la redacción final de este suculento premio, a quienes han gastado millones financiando candidaturas políticas.
No es justo, ni beneficioso para esos miles de guatemaltecos que tienen la posibilidad de comprar un seguro con una compañía extranjera, que se les obligue abiertamente con una aseguradora local.
Con una habilidad verbal ese proyecto deja a la discrecionalidad de la Junta Monetaria de turno, integrada en su mayoría por agentes de los bancos y los seguros, si procede o no que cualquiera de las compañías extranjeras viejas o nuevas puedan operar aquí y deban ser sometidas a un escrutinio de autorización, mientras se saca a codazos del sistema también a todos los dinámicos aseguradores de maletín, como despectivamente ahora se les llama.
Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Todavía se recuerda que, hace pocos años, los desplegados de prensa que enaltecían a los mejores vendedores, quienes cuando se independizaron se volvieron pequeños competidores y grandes amenazas. Para ellos ya no quedará espacio. Es perverso parangonar el caso de las aseguradoras con el de los bancos fantasmas. Simplemente las aseguradoras no guardan dinero, brindan servicios y de esos no hemos visto casos de abusos y prepotencia, esa es su garantía porque la vigilancia de sus funciones es internacional. Sucede totalmente al contrario, se pueden contar por decenas las demandas a las aseguradoras locales, por servicios insatisfechos y hasta por daños a la vida humana. Nos quieren acorralar los diputados, quienes debieran ser fieros defensores de los derechos del pueblo y no debieran darse color como los más fieles servidores de los intereses de quienes para enriquecerse no les alcanzan tampoco ni las minas del Gran Potosí.
Desde 1996 que se viene fraguando un fuerte cabildeo para darle a los privilegiados bancos y compañías financieras del país también el monopolio de los seguros médicos y de vida. El proyecto ha pasado su segunda lectura, como un silencioso tamagás, y no pasó la tercera porque tanto los nuevos como algunos viejos diputados desconocen totalmente la redacción final de este suculento premio, a quienes han gastado millones financiando candidaturas políticas.
No es justo, ni beneficioso para esos miles de guatemaltecos que tienen la posibilidad de comprar un seguro con una compañía extranjera, que se les obligue abiertamente con una aseguradora local.
Con una habilidad verbal ese proyecto deja a la discrecionalidad de la Junta Monetaria de turno, integrada en su mayoría por agentes de los bancos y los seguros, si procede o no que cualquiera de las compañías extranjeras viejas o nuevas puedan operar aquí y deban ser sometidas a un escrutinio de autorización, mientras se saca a codazos del sistema también a todos los dinámicos aseguradores de maletín, como despectivamente ahora se les llama.
Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Todavía se recuerda que, hace pocos años, los desplegados de prensa que enaltecían a los mejores vendedores, quienes cuando se independizaron se volvieron pequeños competidores y grandes amenazas. Para ellos ya no quedará espacio. Es perverso parangonar el caso de las aseguradoras con el de los bancos fantasmas. Simplemente las aseguradoras no guardan dinero, brindan servicios y de esos no hemos visto casos de abusos y prepotencia, esa es su garantía porque la vigilancia de sus funciones es internacional. Sucede totalmente al contrario, se pueden contar por decenas las demandas a las aseguradoras locales, por servicios insatisfechos y hasta por daños a la vida humana. Nos quieren acorralar los diputados, quienes debieran ser fieros defensores de los derechos del pueblo y no debieran darse color como los más fieles servidores de los intereses de quienes para enriquecerse no les alcanzan tampoco ni las minas del Gran Potosí.
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