La mayoría de candidatos trabajaron en el MP y CSJ. Algunos aspirantes a magistrados son señalados por anomalías, mientras otros tienen sus expedientes limpios
Por: Equipo de investigación
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El futuro de las próximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral se encuentra en las manos del Organismo Legislativo. Entre los aspirantes existen desde ex fiscales, viceministros, contralores públicos hasta un ex director de la Policía Nacional Civil. Algunos de estos ex funcionarios son señalados de corrupción o malos procedimientos en sus labores El próximo 20 de marzo, el Congreso de la República elegirá a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las diferentes bancadas tienen en su poder 40 expedientes, de los cuales deberá escoger a 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Para ello necesitan el voto de 105 congresistas. Fue ex Contralor General de la Nación apoyado por el lFrente Republicano Guatemalteco (FRG), su nombramiento al frente de esa dependencia fue cuestionado por diversos sectores debido a que el cargo debe ser ocupado por un auditor, y Flores es abogado. Flores fue señalado de ocho delitos entre los que se encuentran: falsedad material, falsedad ideológica y perjurio por no reportar 400 hallazgos en el informe de ingresos y egresos de 2005 por más de Q1,400 millones durante su gestión en la Contraloría. En octubre de 2005, el entonces alcalde de Catarina, San Marcos, denunció a Flores por avalar una auditoría presuntamente falsa de la finanzas municipales. La parlamentaria Nineth Montenegro interpuso una demanda ante el Ministerio Público para que se investigara a Flores España, por haber realizado un informe exculpando a Vinicio Salán Sánchez, ex secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). Fungió como Fiscal General de la Nación durante el Gobierno de Alfonso Portillo y su labor fue criticada, entre lo que sobresalen el contrato firmado con la empresa Copreca para construir el nuevo edificiio del Ministerio Público, ubicado hoy en el barrio Gerona de la zona 1. El edificio tuvo un costo de Q98.4 millones, lo cual causó el descontento de varias empresas que ofertaron por varios millones menos para dicho proyecto, esto provocó que el ex presidente Portillo declarara lesivo el contrato. En 2002, una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación (Cgcn), la cual abarca de 1999 hasta mayo de 2002, detectó movimientos bancarios sospechosos por parte de González, entre estos está el de Q703 mil que fueron generados supuestamente por fondos del MP que no ingresaron a la caja fiscal; además, un contrato por Q36.3 millones por arrendamiento de equipo de computación no debió suscribirse, detalló el informe final de la Cgcn. Antes de llegar a ser el primer director de la Policía Nacional Civil (PNC) del presidente Alfonso Portillo, se desempeñó como Juez del Tribunal Tercero de Sentencia. Sin embargo, previo a tomar posesión como director de la PNC, Portillo Merlos enfrentó descontentos de diversos sectores, ya que el reglamento de la PNC le imposibilitaba tomar posesión de ese cargo. Esta decisión fue criticada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Guatemala (Minugua). Portillo Merlos fue destituido por no actuar correctamente ante las protestas realizadas por el alza al transporte; el incidente se desarrolló en un sector de la zona 1. En su defensa, Portillo Merlos expresó que no ordenó a los agentes utilizar la violencia contra los bochincheros, pues la mayoría eran menores de edad. En 2004, Portillo sobresalió como uno de los candidatos a conformar la Defensa Pública Penal. En 1999, Medrano formó parte del TSE. En noviembre de 1999, los integrantes de ese tribunal recibieron amenazas de muerte por parte del grupo Jaguar Justiciero. Medrano fue rector de la Universidad Rafael Landívar. En 2003, se hizo pública la elección como nuevo presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). En enero de 2006, el Congreso de la República lo postuló como candidato a ocupar el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). En 2003, fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante el Gobierno de Óscar Berger fue nombrada como viceministra de Relaciones Exteriores. Magistrado del la Corte Suprema de Justicia desde 2004, figuró en los listados de aspirantes en la elección a Fiscal General de la Nación en 2006. En diciembre de 2003, fue presidente interino de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ. Fue ex fiscal del Ministerio Público (MP) a finales de la década de los noventa. En julio de 1998, Corado denunció ser acosado por simpatizantes de la banda de secuestrados AR-15. El ex fiscal también llevó el caso de Francisco Perdomo, ex ministro de Gobernación durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías. Durante el proceso contra la banda AR-15, Corado solicitó seguridad, tras amenazas de muerte. En marzo de 2006, fue uno de los primeros funcionarios en mostrar interés en ser jefe del Ministerio Público. Fue magistrada de la Sala de Apelación. Es esposa de Héctor Trujillo, quien fue abogado defensor del presidente Álvaro Colom, cuando fue señalado de ser beneficiado de fondos de la Contraloría General de Cuentas. Hugo Enrique Argueta Figueroa Es originario de Huehuetenango. Argueta fue candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por la Gran Alianza Nacional en 2003 y ex secretario general del Partido Laborista Guatemalteco (PLG). En 2004, formó parte de los magistrados de la Sala de Apelaciones. En febrero de 2001 su nombre fue nominado para ocupar un puesto como magistrado o suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Argueta participó como vicepresidenciable de Danilo Roca, por la Unidad del Centro Nacional (UCN) en las elecciones generales de 1999. Argueta se desempeñó como Contralor General en la década de los noventa. Guillermo Austreberto Carranza Taracena Abogado y notario de 69 años, originario de La Democracia, Escuintla. En 2002, se postuló para el puesto de Fiscal General de la Nación junto con otros 61 profesionales. Patricia Eugenia Cervantes Chacón de Gordillo En 2004, fue elegida para ocupar una de las salas de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial. En ese mismo año, la Municipalidad capitalina interpuso un juicio de cuentas en su contra en el Juzgado Económico Coactivo de Guatemala. Sin embargo, la demanda fue rechazada para su trámite. Óscar Emilio Sequén Jocop Es originario de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Es abogado y notario de profesión. Su nombre cobró notoriedad en la vida pública cuando se desempeñó como asesor jurídico de la Dirección de Patrimonios del Ministerio de Cultura durante el período presidencial de Alfonso Portillo. |
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