Montenegro y familia pidieron abrir los documentos desclasificados en 2006.
R.Estrada/R.Quinto
Nineth Montenegro, Alejandra García y María Emilia de García, familiares de Édgar Fernando García, desaparecido el 18 de febrero de 1984 por las autoridades, solicitaron al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y al Gobierno que abran los archivos de la desaparecida Policía Nacional (PN) que fueron desclasificados hace dos años.
En los documentos se encuentran cientos de informes de las fuerzas de seguridad sobre diversas actividades realizadas, entre ellas las detenciones de sindicalistas y supuestos guerrilleros.
“Como familia, 24 años después del secuestro de nuestro hijo, padre y esposo pedimos que la información que puede llevar al paradero de cientos de víctimas de desapariciones sea abierta y puesta a disposición de las autoridades de justicia”, señaló la parlamentaria Montenegro.
Según los familiares de Édgar Fernando García, tienen conocimiento que dentro de los documentos que se encuentran en poder de la Oficina del PDH, están los nombres de las personas que habrían detenido a García, quien era sindicalista y maestro de educación primaria urbana.
Con estos nombres creen que podrían, 24 años después de haber sido secuestrado, conocer el paradero de su familiar.
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3 comentarios:
Jorge Aparicio G.: (2008-02-26 15:02:05 horas)
AL PASO QUE VAMOS LAS FAMILIAS DE LOS MAREROS MUERTOS POR LA POLICIA VAN A RECLAMAR QUE LES PAGUEN UN RESARCIMIENTO. EL QUE SE METE A LO MALO LE VA A IR MAL TARDE O TEMPRANO.
Los archivos no deben estar sujetos a presidentes para mantener su confidencialidad o la autorización de su apertura, especialmente cuando estos contienen datos de acciones de un conflicto armado interno o una situación subversiva que se consideró en ese entonces una amenaza para el estado.
Puede ser que la defensa del estado ante tales ataques haya sido equivocada si ve bajo el punto de vista de hoy, pero en determinado periodo de tiempo en el pasado, se consideró por los gobernantes justificado y se envió a sus fuerzas de seguridad a reprimir esos movimientos y se minimizó hasta los posibles abusos cometidos por los combatientes si esto contribuía a derrotar al que era considerado su enemigo.
Una ligereza de un gobernante en hablar sobre estos tópicos, puede conducir a una negativa en el futuro a que las fuerzas de seguridad quieran tomar parte en controlar un movimiento o un levantamiento contra las instituciones del estado, pues si hay muertos o abusos en el futuro pueden ser llevados a juicio.
Como ejemplo reciente se puede citar el caso de los 29 policías secuestrados, primero que se dejaron desarmar pues saben que de haber muertos, casi es seguro que van a parar a la carcel, en cambio al entregarse voluntariamente a los bochincheros, tenían posibilidades de no estar sujetos a ese calvario.
En el caso de que hubieran amenazado con matarlos, pudiera ser que el grupo que se enviara al rescate de los secuestrados tampoco actuara, por los mismos motivos que se han mencionado anteriormente, y entonces se inicia un periodo de anarquía y control de areas del país por grupos armados.
Lo que digo no es invento de una mente acalorada, sinó es producto de poner bien los pies sobre la tierra, pues ya ha sucedido, como el caso del oficial Laclan Chaclán, que fué sentenciado.
Por todo lo dicho, considero que se debe evaluar bien la situación, no por que no sea justo que los familiares conozcan el paradero de sus seres queridos, sino por las repercusiones que pueden tener en el futuro inmediato.
carlos lopez: (2008-02-26 07:49:53 horas)
lo malo serà saber si estos que los secuestraròn lo asesinaron, y lo malo es que la misma justicia a consentido a tanto asesino de guatemaltecos, tanto militares, como mareros, la justicia terrenal se puede comprar, pero de la divina, la JUSTICIA DE DIOS de esa ninguno se saldra con la suya, ¡atencion jueces¡
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