Mis explicaciones

Por medio de la presente, me permito referirme al reportaje publicado el pasado domingo 24 del corriente, en las páginas 16 y 17, titulado “Facturas de recreación que no son divertidas”, bajo la responsabilidad de la periodista Paola Hurtado. 

En dicho reportaje se hacen señalamientos alejados de la verdad y que dañan el prestigio de una persona que, como este servidor, ha laborado en diferentes instituciones del Estado desde diferentes posiciones, con absoluta responsabilidad y honestidad, de lo cual pueden dar fe las personas que me conocen, independientemente de mi profesión de abogado y notario con cerca de 30 años de ejercicio profesional, y con los principios y valores que mi familia entera practica. 

La parte medular de dicho reportaje se refiere a la remodelación del centro recreativo y vocacional Guayacán, en el departamento de Chiquimula, indicando que el mismo costó al Estado y a sus empleados la cantidad de Q9 millones 960 mil a través de un contrato que generó muchas denuncias desde su licitación. Y en las fotografías que aparecen al margen superior se consigan valores de forma aislada, en rubros tales como la pintura de la piscina, la construcción del edificio o el paso peatonal interno, cuyas cantidades debieran haber sido integradas dentro de la totalidad del costo de la obra. Así como aparece publicado, da la impresión de que la pintura de la piscina, por ejemplo, costó Q1.6 millones, lo cual a todas luces es falso. 

En cuanto a las dudas desde la adjudicación, tal y como se menciona, quiero aclarar que el proceso fue llevado desde su inicio a través de Guatecompras, tal y como lo manda la Ley de Contrataciones del Estado. En dicho evento participaron ocho oferentes debidamente precalificados en el registro respectivo a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, habiendo sido los tres mencionados en el reportaje, los que calificaron en los primeros lugares, siendo la empresa Calsa, S.A., a la que se le adjudicó la licitación, sin que ninguna de las demás empresas, incluyendo las otras dos mencionadas, objetaran en ningún momento dicha adjudicación. En cuanto a cualquier inconformidad que se haya presentado por Acción Ciudadana, en su momento fue evacuada de conformidad con lo que, para efecto, establece la Ley de la materia. 

El contrato original con la empresa Calsa, S.A. ascendió a la cantidad aproximada de Q8.3 millones, habiendo sufrido el contrato decrementos e incrementos, debidamente aprobados por la supervisión externa y dentro de los rangos de Ley, por diversas cantidades, que llevaron la negociación a un valor total de Q11.5 millones, cantidad que, como se puede observar, es superior a la mencionada en el reportaje. El incremento en el valor de la obra no fue producto del pago sobre costos, sino que de cambios derivados de necesidades detectadas durante la ejecución del proyecto, tal el caso de la eliminación del asta de bandera, para utilizar los recursos en la construcción del muro perimetral, como consta en las órdenes de cambio correspondientes y que obran en el expediente.

En este no consta ninguna objeción de fondo por parte de Auditoría Interna con respecto a esa adjudicación, y en cuanto a la Junta de licitación, esta fue integrada mediante Acuerdo Ministerial, teniendo especial cuidado en que sus integrantes no tuvieren impedimento legal alguno.

En relación con que, tal y como se menciona, durante la administración eferregista para el mismo proyecto valoraba la obra en Q4 millones, puedo afirmar categóricamente que desconozco qué fue lo que iban a construir en esa oportunidad, pero obviamente no era una construcción y remodelación de la magnitud de la que se construyó durante mi administración.

En cuanto al señalamiento de que por un mal cálculo en el costo oficial de la obra se dejaron fuera ofertas que habrían favorecido al Estado, ello es absolutamente falso, por cuanto que la determinación, tanto de las franjas de fluctuación como del costo oficial, se llevaron a cabo de manera pública, en presencia de los ocho oferentes y dos observadores de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

En el reportaje también se indica que yo tuve a mi cargo la Dirección de Recreación, primeramente como Viceministro Provisional, después como Viceministro Laboral, y al asumir el cargo de Ministro, dejé esa responsabilidad al Viceministro de mi confianza, o dando a entender que esa disposición obedecía a buscar beneficios personales en forma fraudulenta.

Al respecto, me permito aclararle que cuando desempeñé el cargo de Viceministro, encargado del tema Provisional primero, y Laboral después, fue el Ministro anterior, obviamente por confianza en mi persona y consciente de mi responsabilidad como funcionario, quien me delegó por Acuerdos Ministeriales dicha responsabilidad. Al asumir la cartera como Ministro, tomé la decisión de delegarla en el viceministro antiguo, ya que los otros dos estaban prácticamente asumiendo sus funciones y, en mi opinión, no tenían la experiencia administrativa y financiera que esa responsabilidad conllevaba, y siendo el caso que eran precisamente las funciones del viceministro que se indica en el reportaje, lo lógico era delegar a él esas funciones, independientemente que yo seguí involucrado de lleno en los trabajos, al colmo que casi todos los fines de semana, desde el día viernes, me dedicaba visitar los centros y las direcciones departamentales, no en vías de paseo, sino que de trabajo, lo que pueden corroborar todos los delegados departamentales y jefes de centros vacacionales, habiéndose con ello, terminado todas las remodelaciones y construcciones de los centros para beneficio de los trabajadores del Estado.

Dichas remodelaciones y construcciones, aún las que fueron contratadas antes de asumir yo el cargo de Ministro, se adjudicaron llenando todos los requisitos legales correspondientes a distintas empresas constructoras, siendo un trabajo de nuestra administración, aún antes de llegar yo al Ministerio, ya que los centros recreativos estaban abandonados a pesar de que había dinero proveniente del aporte de los trabajadores públicos, dinero que volvía al fondo común por no ser utilizado.

En cuanto al tema de carros, motos y vales, quiero aclarar que este servidor tenía cargados a su tarjeta de responsabilidades tres vehículos, de los cuales se utilizaban dos. Cada uno de los viceministros tenía también dos a su disposición.

Con respecto a los vales de gasolina por un monto de Q273 mil mencionados, entiendo que la Auditoría Interna determinó ya quiénes fueron los responsables del presunto ilícito, ya que a mí me entregaban semanalmente Q400 de combustible adicional para realizar las comisiones oficiales propias de mi cargo al interior de la República. De acuerdo con lo que tengo conocimiento, se ha mencionado que tenía seis vehículos con sus respectivos pilotos a mi disposición, y le cargaron combustible a vehículos que, según indicaron falsamente las personas que cometieron los supuestos ilícitos, estaban al servicio del Ministro, al igual que lo hicieron con otros funcionarios y empleados que salían de comisión. Por lo que al tener los datos concretos sobre ese tema, procederé legalmente por las vías correspondientes en contra de las personas que resulten responsables de esas malintencionadas aseveraciones que dejan en entredicho mi honorabilidad y buen nombre.

En relación con las 40 motos compradas, estas eran para los notificadores del Programa del Adulto Mayor en toda la República, y hasta el momento en que estuve en el Ministerio, todavía había sin entregar alrededor de 8 de ellas, las cuales fueron compradas también por medio de un proceso legal a una prestigiosa empresa distribuidora para el programa. Es imposible visitar a los solicitantes de la pensión sin tener un vehículo para transportarse en toda la república.

En relación con los otros vehículos mencionados, también fueron adjudicados de conformidad con la Ley bajo el sistema de Guatecompras, para los mismos fines, y en todos los casos de adquisiciones de cualquier naturaleza que fueran, previo a la suscripción de los contratos, se contó con dictámenes favorables del Consejo Técnico y Asesoría Jurídica del Ministerio.

Se menciona también en el reportaje que se firmó un convenio con la Universidad Galileo para que el personal del Ministerio cursara estudios superiores, y se menciona de nuevo malintencionadamente que mi tío, que aclaro, es mi primo y no mi tío, es el director de la escuela técnica de la Galileo. Les informo que, efectivamente, me siento muy orgulloso de haber logrado la capacitación para el personal del Ministerio, tal y como lo hice también con la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y con el Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, la cual ha beneficiado a muchísimos funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo. En cuanto a la presencia de mi primo en dicha Universidad, obviamente es producto de su capacidad profesional, lo que nada tiene que ver con un convenio con dicha prestigiosa casa de estudios superiores.

El señor Arturo Morales, subdirector del Programa del Adulto Mayor, inició su relación laboral con el Ministerio de Trabajo en enero del año pasado, y hasta agosto de ese año contrajo matrimonio con mi hija, circunstancia que no lo hacía incompetente para el trabajo que desarrollaba, máxime estando ese programa en sus inicios y trabajando aceleradamente, ya que en septiembre se empezaban a pagar las pensiones. No había motivo para destituirlo ni moral ni legalmente, ni le encuentro razón alguna para que se le mencione.

El penúltimo párrafo del reportaje indica que los viceministros intentaron firmar a toda prisa un traslado de Q29 millones para el subsidio al transporte urbano. A ese respecto me permito aclarar que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal aparece esa cantidad con un destino específico, que es subsidiar el transporte público a los adultos mayores, mediante la entrega de esa cantidad a la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Guatemala, y según entiendo, se pretendía cumplir con la Ley mediante la firma del convenio con dicha asociación, lo que nunca suponía el traslado inmediato de los fondos. Es importante señalar que la referida asignación no figuró en el anteproyecto de presupuesto enviado por el despacho a mi cargo al Ministerio de Finanzas Públicas.

Adicionalmente, y aunque no  aparece dentro del texto del reportaje, quiero referirme a tres aspectos que en algunos medios de comunicación han tenido cobertura y que son, el primero, la posibilidad de que una persona, pariente cercano de la Viceministro de Trabajo, haya salido beneficiada en el Programa del Adulto Mayor, por lo que quiero manifestar y solicitar a las autoridades actuales que se efectúen las investigaciones correspondiente; y de no proceder ese pago, se tomen las acciones pertinentes. El segundo, la contratación del señor Héctor Montenegro como asesor del Programa del Adulto Mayor; con respecto a este caso, consideré conveniente, por transparencia, contratar por un término de tres meses a dicha persona para evaluar y asesorar al despacho acerca de las actividades de dicho programa, en el entendido de que, al asumir la nueva administración, pudiera el nuevo titular de la cartera decidir en cuanto a su permanencia o no en el Ministerio. El tercero, en relación con pagos anómalos en el Programa del Adulto Mayor, lo que definitivamente es incorrecto y carente de veracidad, porque es un programa de beneficio social al servicio de la población más necesitada, en el cual, lo que entiendo que existe, son algunos casos de duplicidad en los pagos por errores involuntarios en el banco encargado de los mismos, así como duplicidad en unos pocos pagos por errores en el sistema de cómputo.

Ese programa es, en mi opinión, de los mayores logros y beneficios alcanzados en Guatemala a instancias del Congreso de la República, y con el cual el Ministerio de Trabajo, en mi gestión, desarrolló un trabajo arduo y efectivo habiendo llegado a cubrir casi el 100 por ciento del presupuesto con el que contó el Ministerio para ese efecto.

Por último, quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que un medio de la seriedad y responsabilidad como ‘elPériodico’, dé cabida a informaciones tan delicadas como todas las mencionadas, máxime que en el mismo reportaje se indica en varios párrafos que las informaciones son “según rumores”; y que claramente se indica que “no hubo ilegalidades, al menos hasta ahora no se han hallado”; y que el señor Ministro dice que “No he dicho que aquí haya habido robo, porque no tengo evidencias”.

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