Opinión:
Crisis de autoridad
Sin respeto a la ley no hay convivencia posible.
Por: Dina Fernández
Las declaraciones de los campesinos que tomaron de rehenes a 29 policías la semana pasada asustan.
Con voz pausada y serena, el líder que escogieron de portavoz se dio el lujo de decir al aire toda suerte de barbaridades. Por ejemplo, el individuo afirmó que consideraba tener todo el derecho del mundo para tomar rehenes y privar de su libertad a otras personas, si así “los compañeros” podían manifestar su inconformidad. ¿Y basado en qué, si me hace el favor? Pues en la mismísima Constitución que garantiza la libertad de acción y les da carta blanca para doblarle el brazo al Gobierno en la forma que más convenga.
La verdad, escuchar semejantes despropósitos en la radio, de un hombre que yo no podía sino imaginar con una Kalashnikov colgada del brazo, le para a uno el pelo, por varias razones.
Ante todo, porque nos desnuda a un Estado que se deja chipotear la cara en cada esquina y no ejerce su autoridad para hacer respetar la ley. Y luego, porque forzosamente tenemos que reconocer que ese Estado pusilánime y débil es heredero de una historia infamante que lo ha ido despojando de legitimidad.
Esas circunstancias devienen en una cadena de contradicciones. La sociedad clama por poner fin a la impunidad y exige que se cumpla la ley. Sin embargo, al mismo tiempo resulta obvio que muchas personas quieren que se apliquen solo las leyes que les convienen y al diablo con las demás.
Y eso no es patrimonio solamente de campesinos armados con fusiles. También ocurre en las clases medias y las élites más encumbradas. Reclaman pena de muerte pero el debido proceso se puede ir por el caño del desagüe. Ponen el grito en el cielo si los asaltan pero no dudan en apropiarse de la banqueta o una vara del jardín vecino. Cantan loas al TLC pero no sueltan sus monopolios.
El problema es que cuando la ley no se aplica –o cuando solo se cumple dependiendo de los caprichos de los poderosos de turno– las normas pierden valor y el Estado, autoridad. Las consecuencias las vivimos todos los días en la calle: prevalece el sálvese quien pueda y se desmoronan las bases de cualquier convivencia pacífica.
La existencia de grupos armados que justifican el uso de la fuerza y se pasan la ley por el arco del triunfo es motivo de alarma. Guatemala sufrió ya una guerra de 36 años de la que apenas acabamos de salir. Todos estamos llamados a evitar que empiecen a germinar estas semillas, pues de lo contrario las amargas experiencias del siglo pasado habrán sido en vano.
Para ello, el Estado debe recuperar autoridad y legitimidad para instaurar el respeto a la ley. Ese proceso necesita firmeza en el uso de la fuerza –siempre en los límites de la legalidad– pero también la creación de oportunidades de desarrollo.
No podemos caer en la trampa de victimizar a los delincuentes. La invasión de terrenos se ha vuelto un negocio muy lucrativo para criminales sofisticados. Estos personajes –como el señor Ramiro Choc, acusado de promover invasiones en Izabal y cuyo arresto provocó el secuestro de los 29 policías– se han vuelto expertos para arropar sus mañas de reivindicaciones históricas. Con ese discurso manipulan, y a menudo estafan, a personas de escasos recursos y letras.
El caso del señor Nery Cachupe –a quien le acaban de retirar orden de captura luego de estar procesado por vender una finca ajena en Masagua– ilustra cómo funcionan muchas de estas mafias que van disfrazadas de hermanitas de la caridad. La estrategia suele ser doble: acompañan las marufias legales de invasiones masivas e incluso de operaciones armadas para tomar sobre una propiedad.
Estos criminales podrán usar camisetas del Ché pero cobran caro por sus servicios: más de Q5.5 millones le pagó una comunidad campesina al sindicalista Nery Barrios por comprar la finca que Cachupe había decidido arrebatarle a un vecino del área.
El Gobierno está llamado a defender a los propietarios legítimos, pero también a los incautos que resultan presa fácil de estafadores. Recuperar la autoridad del Estado para hacer que la ley se cumpla es una primera tarea. La otra, igual de importante, consiste en desplegar un esfuerzo serio para atender a las poblaciones más vulnerables y generarles oportunidades de una vida digna.
Solo si el Gobierno y la sociedad en su conjunto acuerdan responderle a las poblaciones que han excluido y abandonado, van estas comunidades a percibir algún beneficio de formar parte y acatar las normas de ese ente gelatinoso que llamamos Guatemala.
Con voz pausada y serena, el líder que escogieron de portavoz se dio el lujo de decir al aire toda suerte de barbaridades. Por ejemplo, el individuo afirmó que consideraba tener todo el derecho del mundo para tomar rehenes y privar de su libertad a otras personas, si así “los compañeros” podían manifestar su inconformidad. ¿Y basado en qué, si me hace el favor? Pues en la mismísima Constitución que garantiza la libertad de acción y les da carta blanca para doblarle el brazo al Gobierno en la forma que más convenga.
La verdad, escuchar semejantes despropósitos en la radio, de un hombre que yo no podía sino imaginar con una Kalashnikov colgada del brazo, le para a uno el pelo, por varias razones.
Ante todo, porque nos desnuda a un Estado que se deja chipotear la cara en cada esquina y no ejerce su autoridad para hacer respetar la ley. Y luego, porque forzosamente tenemos que reconocer que ese Estado pusilánime y débil es heredero de una historia infamante que lo ha ido despojando de legitimidad.
Esas circunstancias devienen en una cadena de contradicciones. La sociedad clama por poner fin a la impunidad y exige que se cumpla la ley. Sin embargo, al mismo tiempo resulta obvio que muchas personas quieren que se apliquen solo las leyes que les convienen y al diablo con las demás.
Y eso no es patrimonio solamente de campesinos armados con fusiles. También ocurre en las clases medias y las élites más encumbradas. Reclaman pena de muerte pero el debido proceso se puede ir por el caño del desagüe. Ponen el grito en el cielo si los asaltan pero no dudan en apropiarse de la banqueta o una vara del jardín vecino. Cantan loas al TLC pero no sueltan sus monopolios.
El problema es que cuando la ley no se aplica –o cuando solo se cumple dependiendo de los caprichos de los poderosos de turno– las normas pierden valor y el Estado, autoridad. Las consecuencias las vivimos todos los días en la calle: prevalece el sálvese quien pueda y se desmoronan las bases de cualquier convivencia pacífica.
La existencia de grupos armados que justifican el uso de la fuerza y se pasan la ley por el arco del triunfo es motivo de alarma. Guatemala sufrió ya una guerra de 36 años de la que apenas acabamos de salir. Todos estamos llamados a evitar que empiecen a germinar estas semillas, pues de lo contrario las amargas experiencias del siglo pasado habrán sido en vano.
Para ello, el Estado debe recuperar autoridad y legitimidad para instaurar el respeto a la ley. Ese proceso necesita firmeza en el uso de la fuerza –siempre en los límites de la legalidad– pero también la creación de oportunidades de desarrollo.
No podemos caer en la trampa de victimizar a los delincuentes. La invasión de terrenos se ha vuelto un negocio muy lucrativo para criminales sofisticados. Estos personajes –como el señor Ramiro Choc, acusado de promover invasiones en Izabal y cuyo arresto provocó el secuestro de los 29 policías– se han vuelto expertos para arropar sus mañas de reivindicaciones históricas. Con ese discurso manipulan, y a menudo estafan, a personas de escasos recursos y letras.
El caso del señor Nery Cachupe –a quien le acaban de retirar orden de captura luego de estar procesado por vender una finca ajena en Masagua– ilustra cómo funcionan muchas de estas mafias que van disfrazadas de hermanitas de la caridad. La estrategia suele ser doble: acompañan las marufias legales de invasiones masivas e incluso de operaciones armadas para tomar sobre una propiedad.
Estos criminales podrán usar camisetas del Ché pero cobran caro por sus servicios: más de Q5.5 millones le pagó una comunidad campesina al sindicalista Nery Barrios por comprar la finca que Cachupe había decidido arrebatarle a un vecino del área.
El Gobierno está llamado a defender a los propietarios legítimos, pero también a los incautos que resultan presa fácil de estafadores. Recuperar la autoridad del Estado para hacer que la ley se cumpla es una primera tarea. La otra, igual de importante, consiste en desplegar un esfuerzo serio para atender a las poblaciones más vulnerables y generarles oportunidades de una vida digna.
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