Polémico servicio

La Defensa Pública Penal fue creada con el fin de “prestar asesoría legal gratuita a quienes sean señalados de cometer hechos delictivos que no puedan costearse un abogado particular o que por cualquier circunstancia no promuevan su defensa”. Desde ese punto de vista, es bien recibida la propuesta de dicha institución, pero, si nos vamos al fondo del asunto, encontraremos las siguientes incongruencias: 1) no existe evaluación previa en cuanto a si los sindicados pueden o no pagar un abogado particular; 2) se defiende a sabiendas de su culpabilidad, debido a que la mayoría de detenidos (mareros) ya tienen récord hasta de cinco y diez ingresos a los centros carcelarios; 3) que los abogados, sean de oficio o de planta, defienden lo indefendible (desde ladrones reincidentes hasta violadores y asesinos), debido a que sus ingresos dependen estrictamente de cuántos casos puedan ganar o cuántas actuaciones promuevan en los procesos respectivos (especialmente los de oficio), sin saber que con ello, alientan a que los delincuentes hagan cuanto quieran, confiando en los buenos abogados a su servicio, quienes con su habilidad penalista y aprovechando los errores en los procedimientos de detención, logran de inmediato su libertad.

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