Ambientalistas piden que se revise todo el Reglamento de Evaluación Ambiental.
Enrique Naveda
La reforma del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental que el Gobierno de Óscar Berger quiso legar a la actual administración no duró mucho. Ayer, quedó derogada.
El acuerdo -publicado el 15 de enero, un día después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo- hacía de los estudios de impacto ambiental un asunto entre la empresa y el Ministerio de Ambiente, e impedía el acceso de los ciudadanos a la información. El ministro ambiental, Luis Ferraté, aseveró que la revocación responde al interés por lograr consensos “sanos” para mejorar los productos.
Juventino Gálvez, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, considera que todas aquellas “acciones poco transparentes, como esta de Juan Mario Dary (ex ministro), al final de Gobierno, en secreto, ponen en tela de juicio su credibilidad”. La medida contentó pero no satisfizo a parte del sector ambiental.
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), considera que la respuesta del Gobierno ha sido lenta: “45 días”. Y advierte que si la intención de facilitar el acceso a los Estudios de Impacto Ambiental es verdadera, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) “no debería cobrar Q1.25 por cada página... en las copias digitales”. Por último, subrayó que, después de la abolición de la reforma, el reglamento aún contiene “23 puntos inconstitucionales”. El asunto ya está en los juzgados.
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