En su calidad de comandante en jefe del Ejército, el presidente Álvaro Colom ordenó abrir los archivos militares. Para el futuro del país es una disposición sana, pero no es automática; debe ser bien llevada. Hemos sufrido varias historias de arrebatos que, antes de beneficiar, perjudican a la sociedad, a pesar de que los movían intenciones sanas.
Tres ejemplos: 1. Las redes locales paramilitares, soporte del Ejército durante el enfrentamiento armado, desmanteladas a partir de 1993, no fueron sustituidas de manera ordenada por redes del poder democrático. Resultado: vacíos de poder, linchamientos, ascenso irrefrenable de nuevos poderes ilegales. 2. A la Policía Nacional Civil fueron llamados, desde 1997, oficiales desmovilizados del Ejército, Guardia de Hacienda y Policía Militar Ambulante, sin procurarles identidad policial civil. Resultado: la Policía que padecemos. 3. La celebrada reducción del Ejército de 2004 se operó sin un plan estratégico de dislocación y equipamiento para enfrentar eficazmente las amenazas externas. Resultado: volver hablar, arrebatadamente, de duplicar efectivos.
Un ejemplo de cómo una buena planificación subsana esas fallas (aunque no la inmuniza de fricciones) es la creación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) en 2000, a cargo de Ricardo Marroquín, que en octubre de 2003 reemplazó al Estado Mayor Presidencial (EMP). Ahora, el buen inicio de la historia tampoco garantiza un final feliz. La SAAS padeció en 2004/8 una decadencia precoz. Ya veremos si el daño tocó las raíces.
Sobre archivos militares también hay historias. Una (admitida en su momento por el ex presidente Ramiro de León y su jefe del EMP, Otto Pérez) es que los files fueron quemados. Otra es la de los oficiales y especialistas del EMP y la Dirección de Inteligencia militar que sustrajeron (ilegalmente) archivos secretos como seguro de vida y/o para lucrar con el mejor postor. Y la tercera ocurre en 2004 cuando por orden de un juez y en medio de presiones políticas secuestran documentos reservados para sustentar una investigación penal de las finanzas militares; el fiscal carga con un montón de cajas quién sabe con qué información y bajo qué seguridad.
La moraleja es que la apertura de archivos militares debe regirse por una norma que fije los criterios –plazos, autoridades, resguardos– de clasificación y desclasificación de la información secreta del Estado.
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