La oportunidad de los 100 días

Una oportunidad real que contiene el plan de Gobierno de los 100 días es la efectiva instalación del “Consejo Nacional de Educación”.  Instancia prevista en la Ley de Educación, pero que desde 1991 no se ha hecho efectiva. El consejo, según la ley, crea las condiciones para una participación más directa de la sociedad civil en la orientación, formulación y auditoría de las políticas educativas. Con ello, se institucionaliza y fortalece el Estado al dar acceso a los ciudadanos para dar continuidad, transparencia y compromiso público de la educación.

Los requerimientos de participación y legitimación de las reformas educativas hicieron que los distintos gobiernos impulsaran varias iniciativas ad hoc que han suplido parcialmente  las funciones que la Ley otorga al Consejo Nacional de Educación, como es el caso de la Comisión Intersectorial de Educación en Población, las Comisiones Paritaria y Consultiva para la Reforma Educativa. Por la propia complejidad del país y del sistema educativo, estos espacios han ofrecido aportes importantes pero insuficientes para generar cambios más profundos de cara a los desafíos de la educación en el siglo XXI para Guatemala.

Si bien es cierto que con el Consejo Nacional de Educación se puede iniciar un proceso auténtico de legitimar las políticas, lo más importante es la instalación de una instancia que refuerza la democracia deliberativa en un área estratégica para el país. Se buscaría que la legitimidad de las políticas públicas sea procedimental, es decir, asegurar su validez por el proceso que el Gobierno promueve para generar consensos racionales. En lugar de una racionalidad basada en la imposición y manipulación, se propondría aquella de la argumentación y el discurso práctico que permite a los ciudadanos participar cooperativamente en la construcción de su futuro. Pero la condición es la inclusión de los diferentes grupos y sectores en condiciones de igualdad para participar en un diálogo que expande las consultas exclusivamente a las fuerzas políticas o económicas tradicionales.  
De lo contrario, seguiremos construyendo planes sin una base social de sustentación y resolviendo con paliativos los problemas más profundos del acceso y calidad de la educación. Si esta oportunidad se aprovecha se estaría en condiciones de expandir las funciones del consejo a nivel local, municipal y departamental y como parte de la política de descentralización. Continuará.

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