Izabal es la fuente de incubación histórica de conflictividad agraria.
Helmer Velásquez
La aplicación de la justicia a doble rasero en Guatemala no es novedad. Sin embargo, no deja uno de indignarse cuando se presenta el caso. Además de reconocer con desánimo que la Firma de la Paz y la Reforma y Modernización del Sistema de Justicia no resolvieron el fondo del asunto, por la injusta aplicación de la misma. Surge el comentario luego de los sucesos acaecidos en Livingston, Izabal, y que se transformaron en noticia nacional hasta hace dos semanas, por la situación de los agentes policíacos. Sin embargo, en las semanas previas, cuando se produjo la captura del dirigente campesino Ramiro Choc, la noticia no tuvo mayor difusión. Fueron su familia, sus coterráneos y organizaciones sociales los únicos en manifestar preocupación por aquel suceso: penalización de la demanda social. Izabal es fuente de incubación histórica de conflictividad agraria. Los constantes despojos de tierra a los que han sido sometidas las familias campesinas e indígenas en la zona, vía la “legalización” de tierras a través de Titulaciones Supletorias, la declaratoria de áreas protegidas en zonas donde habitan o colindan comunidades campesinas e indígenas, y la aberrante violación a los derechos laborales. Han sido fuentes permanentes de injusticia lacerante, hechos generadores de hambruna, y causa fundante de la pobreza generalizada en la zona. Significa que mientras campesinos e indígenas son víctimas de acoso patronal, amenaza del crimen organizado y despojados de su posesión, la sociedad no se conmueve, hace oídos sordos, y peor aún los transforma en victimarios, cuando reclaman sus derechos. Lo grave del caso es que esto mismo sucede con la autoridad judicial. El Ministerio Público ha sido incapaz de incoar los respectivos procesos contra los responsables de crímenes contra el campesinado en las fincas Nueva Linda, El Corozo y La Moca. Sin embargo, en el caso presente, en el que el sindicado es un campesino, se pretende que el “peso de la ley” se aplique en todo rigor. Cómo logran los operadores de justicia dormir tranquilos, cuando solamente son capaces de aplicar la ley a los pobres. Los injustos desalojos de la propiedad campesina y los crímenes contra su dirigencia ni ocupan su tiempo, ni mueven su capacidad, técnica ni científica. ¿A qué dedicarán su tiempo los departamentos de Supervisión que existen en las diferentes Instituciones del Sistema de Justicia? ¿Cuándo darán cuenta de los actos de sus supervisados? El problema de fondo es que no existe aplicación pareja y objetiva de la justicia, y así el sistema resulta ser fuente inagotable de injusticia y de conflictividad social.
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