Régimen de terror
En la sentencia condenatoria dictada contra Belter Álvarez, uno de los individuos que formó parte del comando clandestino que allanó la residencia del periodista Jose Rubén Zamora (Presidente de elPeriódico), a mediados de 2003, se establece, con claridad meridiana, que el cobarde ataque contra Zamora y su familia fue planificado y fraguado por altas autoridades del Gobierno eferregista (2000-4), en respuesta a las constantes denuncias de los escándalos de corrupción y abusos de poder que se produjeron durante la gestión de Alfonso Portillo, actualmente prófugo de la justicia y refugiado en México.
Por: elEditorial
En su declaración durante el respectivo juicio oral, Belter Álvarez se declaró culpable como autor material del ataque perpetrado contra Zamora y su familia; y, consecuentemente, también de que formó parte del Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (CIACS) que fue articulado desde las altas esferas del régimen eferregista.
Zamora, en su declaración testimonial, manifestó que Alfonso Portillo lo visitó en su casa de habitación días después del allanamiento. En la entrevista que sostuvieron, Portillo extrañamente le ofreció dinero en efectivo (US$600 mil) y le expresó que los responsables de la agresión habían sido Carlos De León, Marco Tulio Abadío y Enrique Ríos Sosa, a la sazón fiscal general, superintendente de Administración Tributaria y ministro de la Defensa, respectivamente.
El periodista Zamora también relató que, posteriormente, se entrevistó de nuevo con Portillo, en presencia de Édgar Gutiérrez, entonces ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de presentarle los resultados preliminares de la investigación criminal. Portillo presuntamente se sorprendió y le prometió que él, personalmente, haría la denuncia contra los autores intelectuales y materiales. Esto último jamás ocurrió, por lo que Zamora presentó una denuncia penal contra Portillo por omisión de denuncia y encubrimiento. Por cierto, Édgar Gutiérrez ha ofrecido públicamente rendir testimonio sobre esta segunda entrevista.
Como podrá advertirse, después de la condena de dos de los allanadores, Eduviges Funes y Belter Álvarez, lo procedente es que el Ministerio Público continúe la investigación criminal, a fin de deducir responsabilidades penales y civiles contra los autores intelectuales, los otros autores materiales, los cómplices y los encubridores del hecho punible relacionado.
Debido a que el allanamiento fue perpetrado por un típico CIACS, articulado desde las esferas de poder público, el caso también amerita ser investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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