Cambios en el Congreso

La conquista democrática  más significativa en las pasadas elecciones, fue el logro popular de la renovación de los cuadros políticos en el Congreso. Ahora los mismos dirigentes de los partidos lo minimizan, para regatearle a los nuevos diputados cualquier grado de protagonismo o diferencias de expresión de criterio en los temas que se tratan en el recinto.

Eso se nota. Les ponen el sello de novatos e inexpertos que no pueden, ni siquiera, emitir una opinión que contraste con las imposiciones verticales acostumbradas a manejar como consignas, y no como consensos. Todo lo contrario debe ser, y los nuevos podrían luchar con valor y dignidad para que las prácticas de emitir leyes con dedicatoria se terminaran. Para que no se emitan leyes gallo–gallina, que siempre dejan a la discrecionalidad de otras instituciones su funcionamiento. Para que no se emitan leyes de complacencia que otorguen impunidad económica a grupos que, generalmente, han sido y siguen siendo sus más gamonales patrocinadores.     Más daño que un tsunami, un terremoto y hasta un enfrentamiento armado, hacen esas leyes a los guatemaltecos porque no permiten la igualdad de oportunidades a quienes quisieran invertir aquí. Léase el respaldo a los tradicionales y nuevos monopolios  y  más recientemente a los grupos que controlan el sistema bancario y financiero del país. Solo debemos volver la mirada a los casos de Ferrovías y de Americatel que ahora demandan al Estado de Guatemala por millones de millones de dólares, como resultado de que los gobernantes de turno y sus colaboradores impulsan normas que en un sistema “de libre empresa”, que es muy eficiente en otorgar privilegios a sus amigos económicamente apadrinados.

 Se ha vuelto una práctica astuta que el Congreso de la República en tiempos de celebraciones religiosas y tradicionales, aprovechadas como distractor, aprueban leyes que han pretendido pasar, no obstante, una recia oposición de sectores afectados frente a sectores privilegiados por esas normas. Como por ejemplo, la Ley de la Actividad Aseguradora, que tal como se ha dejado, no es más que otro caso donde se le deja la mesa bien puesta a los bancos, dueños de aseguradoras, que tienen prisa de cerrarle la posibilidad a todos los vendedores de seguros individuales, y a las compañías internacionales que dan más ventajas a menos costo y le entregan a la Superintendencia de Bancos toda la discrecionalidad con que debe funcionar ese sistema. ¿ Dónde estarán entonces la competencia y los mejores beneficios para los guatemaltecos? Esta es una oportunidad para que los nuevos diputados no se sometan.

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