El alemán que estaba en el asiento contiguo tomó el diario que le ofrecía la azafata y no pudo ocultar su gesto perturbado cuando vio la foto de la primera plana: un contingente de abatidos policías, con sus uniformes pero inermes, eran rehenes de los pobladores enardecidos. Semanas después llegó la noticia desde el mismo rumbo (Livingston, Izabal): cuatro turistas belgas de edad avanzada habían sido capturados por el mismo grupo de pobladores.
Son medidas de hecho extremas. Desafíos abiertos que desvelan nuestro estado latente de anarquía y encadenan una serie de efectos políticos y económicos que tienen costos nada marginales. Izabal, Alta Verapaz, Sololá, Quiché, San Juan Sacatepéquez… hacia donde se vuelva la mirada hay un caldo de cultivo del conflicto social incendiario que deja en evidencia nuestro frágil y poroso Estado.
Ahora bien, la historia detrás de los titulares de prensa rara vez se indaga. Normalmente ha ocurrido un abuso, una arbitrariedad, un incumplimiento, en fin, una presión insoportable sobre la gente que despierta una reacción radical, a veces suicida. Quiero decir que las autoridades han tenido márgenes para encauzar el conflicto cuando todavía es pequeño, procesando demandas, impartiendo justicia sin sesgos. Pero ese tiempo social cuando se consume no tiene vuelta atrás. Cobra su precio. No es una actitud solo de las autoridades actuales, pues se repite en todos los gobiernos, aunque a algunos les pican más las manos por reprimir.
El problema se complica cuando el descontento social resulta funcional a poderes fácticos regionales, incluso a poderes legales disidentes con intereses particulares de corto plazo. En ese escenario las capacidades de resistencia, de fuego y movilización de las comunidades agraviadas, crecen exponencialmente. Y el Estado se ve forzado a actuar, sin mayor pericia, en dos y tres planos a la vez, tratando de separar el grano de la paja.
Es un tipo de conflicto social que se repetirá, multiplicándose, mientras el Estado –no solo el Gobierno– no asuma una visión estratégica responsable. La desidia, el menosprecio social y la parcialidad contra el débil, cuando se quiere vivir en democracia, a la postre salen caros para la gobernabilidad y la salud del tejido social. Y no es un enfoque exclusivo de seguridad lo que se requiere para evitar que la pradera se incendie. Esta vez, por fortuna, no lamentamos víctimas, pero el conflicto sigue ahí.
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