Tribunal Supremo Electoral

El próximo jueves 20, los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomarán posesión de sus cargos, después de haber sido juramentados en el Congreso. El período de sus funciones será de seis años.

De conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los cinco magistrados titulares del TSE deberán elegir al presidente del mismo. Ha trascendido que existe consenso en torno a esta designación y que la que presidirá el TSE será la licenciada María Eugenia Villagrán De León, lo cual implica que será la primera mujer que presidirá el TSE.

Sin duda, la abogada Villagrán De León tiene las calidades y capacidades no solo para integrar el TSE, sino también para presidirlo. Actualmente se desempeña como Magistrada de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. En el pasado, ocupó los cargos de Juez de Primera Instancia Civil y Supervisora de Tribunales. La licenciada Villagrán De León también ocupa el cargo de Presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, extremo que la acredita como una profesional honorable y apegada a los cánones éticos.

Los nuevos magistrados del TSE tienen importantes desafíos que enfrentar: 1) la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); 2) la creación de delitos electorales; 3) la implementación de la Ley del Registro Nacional de Personas (Renap); y 4) la renovación interna del TSE. La segunda generación de reformas a la LEPP conlleva, entre otras cosas, las siguientes: 1) la democratización interna de los partidos políticos; 2) la regulación de la consulta popular; 3) la reducción del número de diputados; y 4) la profundización de la democracia representativa a través de una reforma del sistema electoral.

En materia de creación de delitos electorales es fundamental que tipifique los delitos de financiamiento ilícito de partidos y campañas electorales, de utilización de fondos públicos en campañas electorales, de propaganda electoral anticipada y de violación a la prohibición al Gobierno de favorecer a partido alguno. En cuestión de implementación de Ley del Renap deben disiparse las dudas que se han generado. Urge transparentar todo lo relativo a la inversión de recursos y revertir la insana centralización que se ha venido promoviendo.

Finalmente, la renovación interna exige evaluación, depuración, acceso a la información y rendición de cuentas.

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