Según información de la Fiscalía, cuentan con subametralladoras, fusiles y escopetas.
C.A.
El grupo de campesinos que mantuvo retenidos por 36 horas a cuatro turistas belgas y a dos guatemaltecos, el pasado fin de semana, cuentan con armamento. De acuerdo con el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Luis Donado, los comunitarios involucrados en el secuestro de los belgas, quienes también participaron en la retención ilegal de 29 policías el mes pasado, están fuertemente armados.
Señalan que aún no finalizan de recabar algunos datos, pero ya cuentan con varios nombres de personas que integran este grupo que poseen varios fusiles, subametralladoras y escopetas, que habrían obtenido de un robo anterior a personal de la Dirección de Protección a la Naturaleza (Diprona) y del trasiego de armas que existe en el área.
Los fiscales señalan que el accionar y logística de este grupo se asemeja al que utilizaron otras personas durante la liberación de Cornelio Chilel, un líder campesino y supuesto narcotraficante, en San Marcos en julio del año pasado.
En San Juan Sacatepéquez también han ocurrido enfrentamientos armados, aunque este grupo no cuenta con ametralladoras automáticas, señalan.
Yo no se quien le contó a los guatemaltecos que estos son brotes que surgen de movimientos reinvidicativos.
Esto es un movimiento organizado y ahora envalentonado por los logros que han tendido en otros países, al extremo que si Usted analiza las consignas que se transmiten en secciones de opinión incluyendo la del Periódico, son propias de los grupos subversidos, incluyendo el armamento que portan los llamados campesinos. No está lejos que el muertecito que resultó, si pudo haber sido del impacto de una bomba lacrímogena, de la policía o de ellos mismos, pero están tan bien entrenados estos grupos y dirigidos por gente que ha participado o ha sido entrenado en estas tácticas, que despues del impacto de la explosión y quedar esta persona tirada, ellos mismos lo vapulearon, le colocaron una ropa entorchada al cuello y lo terminaron de matar, para culpar a la policía nacional, que es difícil que hubiera hecho algo así, sabiendo que aquí en Guatemala los elementos de seguridad están desprotegidos y que facilmiente se van a la carcel, por que no tienen ningún apoyo del estado.
Yo creo que ya es tiempo que a las cosas se les llame por su nombre y no andar con hipocresías y esos grupos que apoyan a los grupos subversidos hasta de manera escrita y sin ningún temor, se les considere igualmente responsable como lo establece la ley.
adriana echeverria: (2008-03-20 16:12:06 horas)
con estas irresponsabilidades escritas lo unico que hace el Periodico es buscar una confrontacion del campo y la ciudad, ya son suficientes los siglos de racismo, para que en lugar de educar se siga atizando el fuego de la desigualdad, por favor escriban notas que esten documentadas con periodismo digno y respetuoso, estas patranas son una ofensa para las miles de familias campesinas que estan enfrentadas a los grandes intereses del pais.
acheverriache@yahoo.com
jorgeizaguirre: (2008-03-20 07:49:13 horas)
Doña Lidia, su articulo mas parece un impreso pagado, que algo que hubiese salido para dar una luz , y mejorar la situacion, obtener un concenso, aqui parece que los intereses, son obscuros, e interesados, la misma tecnica que utilizan, aquellos que quieren epeorar la situacion , no mejorar.
Si se ofreciera tierra a estos supuestos campesionos, e instruccion Ud. todavia cree que lo aceptarian, ¿que es lo que buscan?, de campesinos no tienen nada!!, trabajan para sembrar desorden, pagados por alguien interesado.
En Peten desforestan, y talan para vender el producto, pagados por vende patrias.
R Urdiales: (2008-03-19 09:56:26 horas)
Luego de leer este articulo, me parece con mayor razon que esta fuera de sentido el articulo de ayer de Iduvina. No son angelitos con los que esta tratando el gobierno.
Erbin Soto: (2008-03-19 08:29:00 horas)
Los grupos armados continuan en nuestro pais no importando de donde vienen los fondos lo que si cuenta es que afectan de alguna forma al pais lamentablemente el problema de la tierra es un problema latente pero no se resuelve invadiendo porque hoy se les cede la tierra mañana la venden invaden de nuevo y no hay desarrollo, Será que nuestro gobierno "gobierno de los pobres" va aceder a las peticiones o implementara una verdadera politica agrararia en beneficio del más necesitado pero sin dejar atras el desarrollo y crecimiento economico de nuestro pais
lidia falcon: (2008-03-19 08:24:59 horas)
El país como polvorín: injusticia, pobreza, conflictividad agraria y represión
Por Andrés Cabanas - Guatemala, 19 de marzo de 2008
La violenta intervención del Ejército y la Policía para liberar a cuatro turistas belgas retenidos por campesinos,[1] revela un país en creciente conflictividad, y sobre todo, sin espacios institucionales para el diálogo y el cumplimiento de acuerdos. Es decir, sin espacios para definir y elaborar nuevos consensos y concertaciones, donde no solamente unos pocos salgan beneficiados.
Aunque la información periodística y la visión oficial han personalizado y focalizado el conflicto en Izabal en la figura de uno de los dirigentes (Ramiro Choc) y sus supuestas acciones delictivas, es necesario detenerse en los factores estructurales de la conflictividad: en primer lugar, la distribución desigual de la tierra y la riqueza, tanto a nivel general como específicamente en el caso de Izabal. No parece razonable esperar ausencia de conflictos, incluso con matices violentos, en un país donde el 2% de propietarios posee el 62.5% de la superficie, mientras que el 94% (entre ellos los campesinos de Izabal) tiene únicamente el 18.60% . [2] Donde el 82.0% de los pobladores indígenas de Izabal son pobres y el 38.7% extremadamente pobres[3] por encima de la media nacional (51% y 15.2%, respectivamente).
La impermeabilidad institucional es otro factor recurrente y estructural que conduce a situaciones de conflicto y violencia extremas: un sistema partidario (y por tanto un poder legislativo) concebidos como correa de transmisión de grupos económicos; una institucionalidad débil, subordinada a las grandes empresas; y la inexistencia de espacios de diálogo funcionales, vinculantes y resolutorios (los existentes actúan más como elemento de desgaste que de construcción de consensos).
Así, mientras el 21 y 22 de febrero, durante una primera acción de hecho, el gobierno se comprometió a dialogar,[4]un mes después la mesa de negociación no había entrado a debatir problemas de fondo: “La supuesta comisión de alto nivel no nos dio ninguna respuesta efectiva y únicamente nos ofrecieron que aportáramos elementos para demostrar la inocencia de nuestro compañero, violando el artículo 14 de la Constitución de la República que establece la presunción de inocencia y, dependiendo de esos resultados, revisarían el proceso de demanda realizada por conap y la Secretaría de Asuntos Agrarios, lo que constituye otra anomalía que se suma a las violaciones al debido proceso desde los supuestos delitos que se imputan a Ramiro Choc por haber sido vocero de nuestras comunidades en el conflicto que hay entre el Estado guatemalteco y las comunidades q´eqchi´”.[5]
Es la historia de los innumerables procesos de diálogo desarrollados a partir de 1994, en la etapa final del conflicto armado: muchas horas invertidas en el proceso, bastantes acuerdos alcanzados, muy pocos resultados concretos. La historia, repetidamente, de los intentos legales por resolver problemas estructurales: “ Cuando las comunidades han utilizado los mecanismos legales y administrativos ante las distintas entidades estatales las respuestas de los gobiernos de turno oscilan sin excepción entre el no hacer nada y la negativa a sus peticiones, sin proponer ninguna otra salida a la creciente problemática de la zona. Existen comunidades que llevan sus procesos desde hace cuarenta años con el Instituto de Transformación Agraria (INTA) y a la fecha no tienen respuesta y cuando la han tenido ha sido negativa”.[6]
La ausencia de voluntad de diálogo y la represión como alternativa alcanzaron durante el fin de semana pasado niveles preocupantes:
1) Utilización del Ejército en tareas de seguridad y para eliminar la protesta social[7], como en los años de la guerra, lo que contradice el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, de 1996. Información difundida vía electrónica desde Desarrollo Comunitario afirma que “miembros de la Marina dispararon sus armas de fuego en contra de miembros de la comunidad de Puntarenas (y) ocuparon las instalaciones del CECON y la comunidad La Bonita , de Livinston”.
2) Empleo masivo de medios represivos, “gas lacrimógeno, fusiles Tavor[8]y equipo antidisturbios”.[9]
3) Violencia indiscriminada contra los pobladores: en una comunidad “la policía revisó todas las viviendas de la aldea”[10] al igual que sucedía durante el conflicto armado.
4) Ejecucion extrajudicial de un campesino, Mario Caal Bolom, en hechos no reconocidos hasta el momento ni aclarados por parte del gobierno, pero admitidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos. [11]
5) Utilización de la represión y negación de los espacios de diálogo.
6) Criminalización y judicialización de la política, calificando a los campesinos de delincuentes y terroristas y fortaleciendo la doctrina de la seguridad nacional: las reivindicaciones sociales como enemigo interno, en la línea de lo promovido en otros países, como Paraguay o El Salvador.[12]
La represión: ¿vieja política del nuevo gobierno?
Puede discutirse acerca de la oportunidad de algunas de las acciones de movimientos sociales (desde el punto de vista de los valores, pero también de la correlación acción-eficacia). Puede discutirse sobre el liderazgo, la consolidación y fuerza de la base social, las tácticas, la ética, la corrupción, la cooptación (por parte de partidos y poderes locales), la utilización de demandas y necesidades sociales para el enriquecimiento personal. Son debates aplazados y
urgentes.
Sin embargo, las preguntas sin respuesta están sobre todo en el lado del gobierno: la legalidad de sus acciones, la violencia ejercida, la muerte no aclarada ni explicada de un campesino y, sobre todo, si los sucesos de Livinston son un hecho aislado o constituyen una declaración de intenciones: un precedente y un peligroso modus operandi.
Lo anterior representa un tercer elemento de análisis; desde lo estructural y no desde lo personal; desde los factores de poder y no desde las víctimas: el análisis de las corrientes internas de un gobierno especialmente heterogéneo, sometido a diferentes presiones y que, a partir de acciones como las de Izabal, define estrategias y delimita espacios de poder.
En este sentido, la criminalización y deslegitimación de la protesta social, la utilización de la fuerza para acabar con las protestas, pueden constituirse en línea de actuación gubernamental, frente a aquellos sectores que preferirían soluciones dialogadas y sobre todo medidas de redistribución de la riqueza (léase el sector socialdemócrata dentro del gobierno). Es decir, podemos asistir a la temprana confirmación del predominio de la continuidad en las políticas agrarias y económicas, y el ejercicio de la violencia para apuntalarlas.
La pregunta de fondo es si el gobierno de la UNE, después de los sucesos de Izabal, está todavía en capacidad y disponibilidad de recuperar algunos de sus principios de campaña electoral: la inteligencia sobre la violencia. La esperanza sobre la continuidad. El gobierno para los pobres sobre el gobierno de los poderes tradicionales. La paz (que implica diálogo, concertación, concesiones) sobre un escenario permanente de violencia, polarización y confrontación.
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[1] Cuatro turistas belgas, su guía y un lanchero, ambos guatemaltecos, fueron retenidos por campesinos de Izabal el viernes 14 de marzo. Los campesinos solicitaban la liberación de Ramiro Choc, dirigente campesino detenido y encarcelado desde el 14 de febrero. Además de allanamiento de viviendas y destrucción de infraestructura, la intervención policial y militar produjo la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom, según datos aportados por el Bloque Antiimperialista.
[2]Guatemala, ¿Tierra de Injusticia? Amnistía Internacional, 2006.
[3]Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, Instituto Nacional de Estadística 2007.
[4] E l 21 y 22 de febrero, los campesinos habían retenido a 29 policías.
[5] Encuentro Campesino. Comunicado, 15 de marzo de 2008.
[6] Bloque Antiimperialista. Comunicado, 15 de marzo de 2008
[7] Según Prensa Libre, intervinieron dos guardacostas del Ejército y una lancha tiburonera de las Fuerzas Armadas, además de un número indeterminado de soldados.
[8] El Tavor es un fusil militar de asalto, de manufactura israelí, similar a los M-16. Fuente: http://aster.iespana.es/library/tavor.htm
[9] Prensa Libre, 16 de marzo de 2008.
[10] Encuentro Campesino. Comunicado, 15 de marzo de 2008.
[11] Prensa Libre, 17 de marzo de 2008.
[12]En El Salvador, la Ley E special contra Actos de Terrorismo; en Paraguay, la Ley de Hechos Punibles contra los Pueblos, en Paraguay, tienden al control de las organizaciones y grupos considerados enemigos. La agenda oculta de Thomas Shannon en Guatemala. Andrés Cabanas, www.albedrio.org , 25 de julio de 2007.
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