Entre 2004 y 2007, la Comisión contra la Corrupción del OJ recibió más de 700 denuncias en contra de operadores de justicia. Guatemala es el departamento con más casos, seguido por Petén, Escuintla, Alta Verapaz y Santa Rosa.
Por: Equipo de investigación
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Abuso de autoridad, maltrato laboral, mala atención al público y retraso en los procesos son algunas de las denuncias más recurrentes de las que son señalados algunos jueces y trabajadores del Organismo Judicial (OJ). elPeriódico tuvo acceso a denuncias que han sido recibidas por la Comisión de Combate a la Corrupción del Sector Justicia, en las cuales se señala a más de 15 operadores de justicia. Las denuncias se registran desde 2006. Cuatro denuncias llaman la atención. Entre las que sobresalen amenazas y coacción en contra de Pablo Guillermo Escobar, juez de Paz de Santa Rosa,cuyo señalamiento fue notificado el 15 de noviembre del año pasado. La denuncia fue puesta por el agraviado mediante testimonio. Otro de los casos es de la jueza Lilian Funes, quien labora en el Juzgado de Paz, Penal, Civil, de Trabajo y Familia de Petén. A la profesional se le señala de cometer actos de corrupción, tras recibir dinero para tomar en cuenta declaración de un testigo. Esta se suscitó el 22 de agosto del año pasado. En el caso de María Pacay, se le señala de utilizar recursos del Organismo Judicial para asuntos particulares. La denuncia fue interpuesta en los primeros días de este año. De las 20 denuncias realizadas, poco más de la mitad corresponden a corrupción por pedir dinero, y de esta cuenta, los jueces se comprometen a agilizar los trámites. elPeriódico consultó a Carlos Chacón, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual coordinador de la Comisión de Combate a la Corrupción del Sector Justicia, y expresó que muchos de estos casos ya se investigan. La Comisión de Combate a la Corrupción del Sector Justicia fue creada en 2003 y entró a funcionar en 2004. Dicha Comisión está conformada por el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Asociación de Periodistas de Guatemala, así como del Instituto de la Defensa. Un ejemplo concreto fue el de Héctor de León, quien funge como secretario de la presidencia del Organismo Judicial, el cual se encuentra en análisis por la Junta Disciplinaria Judicial. El 7 de enero del presente año fue señalado de atraso malicioso en pago de indemnización, abuso de autoridad y negligencia, acto cometido a un trabajador del sector justicia. Además de estos señalamientos, también se encuentra el de Elizabeth Guerra, magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa. La profesional es señalada de maltrato laboral y por no cumplir con su horario de trabajo. Esto se registró el 22 de mayo y, posteriormente, el 26 de noviembre de 2006. Sobre este tema, Hilda Morales, de la Red de la No Violencia en contra de las Mujeres, explicó que los actos de corrupción son prácticas arraigadas que existen en todas las instituciones presentes en el Organismo Judicial. “Existe un régimen disciplinario, donde se presentan hechos concretos para que se pongan sanciones que correspondan. Con esto se dejan precedentes y los actos de corrupción no se vuelvan a cometer”, detalló Morales. Morales consideró que la Comisión de Combate a la Corrupción debería de tener más presencia en varios puntos de la república. Al mismo tiempo, la abogada sugirió que dicha Comisión, además de recibir denuncias, debe sensibilizar a su personal para que realice mejor su trabajo. Por su parte, Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), externó que las denuncias deben ser investigadas, sin embargo, “el hecho de que una denuncia se dé, no quiere decir que sea cierta. No se pueden tomar posiciones a priori con respecto a una denuncia si no existe otra atrás”, describió. Rodríguez consideró que al realizar una denuncia por esta vía, se debe ser sumamente cuidadoso con este tipo de señalamientos, “Creemos que muchas denuncias que se interponen, sirven más para censurar a los jueces y no son una verdadera denuncia de corrupción, por lo que no necesariamente deben ser ciertas”, añadió. Estudios revelan caótica situación El año pasado, Acción Ciudadana realizó un informe sobre el sistema de justicia en Guatemala. En su investigación resaltó que es necesaria la implementación de la Ley de la Carrera Judicial, la cual tiene deficiencias, entre las que sobresalen el exceso de discrecionalidad en la transmisión de las denuncias, así como numerosas quejas en contra del Organismo Judicial. En el caso de la Defensa Pública Penal, actualmente no cuenta con la Ley de la Carrera de Defensor Público. Acción Ciudadana sugiere que se implemente el juzgamiento penal de funcionarios y empleados removidos por actos de corrupción, así como transparentar y dar a conocer los procedimientos del régimen disciplinario. La Fundación para el Debido Proceso Legal dio a conocer que, a través de las actividades de la Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana, se obtuvo una imagen de cómo la corrupción de la justicia guatemalteca se refleja en su trabajo. Para contrarrestar esta situación, Acción Ciudadana sugirió un módulo de pedagogía para operadores de justicia y usuarios de este sistema, cuya finalidad ha sido entrenar en la detección y discusión en temas de corrupción. Entretanto, en su último informe emitido el año pasado, Transparency International resalta que el trabajo realizado por el sector de justicia es ineficiente en sus procedimientos. Sugiere mejorar la existencia de vías para las denuncias, así como mejorar los salarios de los operadores de justicia. En el caso de Guatemala, existen casos que demoran más de cinco años para llegar a conclusiones y pronunciar su dictamen. |
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