La retención de los cuatro turistas belgas y los dos trabajadores guatemaltecos, en Livingston, Izabal, por un grupo de campesinos autodenominado Encuentro Campesino, le dio la vuelta al mundo, al punto que varios países han emitido prevenciones a sus nacionales que deseen visitar Guatemala.
elEditorial
Afortunadamente, la liberación de los rehenes fue pronta, aunque no pacífica, según lo ha informado el Procurador de los Derechos Humanos. Sin duda, el rescate de los rehenes (sanos y salvos) no solo resolvió el problema, sino que impidió que la imagen de nuestro país sufriera aún más.
Sin duda, los responsables de la retención deben ser perseguidos, juzgados y sancionados como corresponde. No importa si son muchos o pocos, hombres o mujeres. Todos deben pagar por los delitos que cometieron, que fueron graves y mayúsculos.
No obstante, también debe investigarse el proceso de liberación que llevaron a cabo las autoridades, toda vez que, según el Procurador de los Derechos Humanos, el campesino Mario Caal fue víctima de una típica ejecución extrajudicial (cuando agentes del Estado matan a una persona) y se retuvo a tres campesinos para ser canjeados por los rehenes.
En nuestra opinión, después de los acontecimientos ocurridos el 21 de febrero de este año, en que el mismo grupo de campesinos retuvo por 33 horas y desarmó a 29 policías, sin lograr el cometido de que fuera liberado el líder del grupo, Ramiro Choc, quien se encuentra guardando prisión desde el 14 de febrero del presente año, acusado de los delitos de usurpación, robo y detención ilegal, era previsible que el grupo actuaría de nuevo.
Por consiguiente, las autoridades debieron haberse anticipado a una inminente nueva acción ilegal por parte de los campesinos. Para el efecto, se debió haber obtenido información relevante a través de agentes encubiertos o de informantes, que de alguna manera alertara sobre otras acciones ilegales del grupo. Sin embargo, nada se hizo y nuevamente se tuvo que reaccionar ante lo inevitable.
Supuestamente, la Secretaría de Análisis Estratégico y el Ministerio de Gobernación tienen unidades de inteligencia civil que proporcionan información relevante al Gobierno sobre eventuales movimientos o acciones ilegales. Además, el Gobierno cuenta con una Ley de Inteligencia Civil que permite a las autoridades anticiparse a la comisión de delitos. ¿Otra ley de papel?
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4 comentarios:
Jaime Perez M: (2008-03-24 14:20:48 horas)
Solo, queria comentar que aprovechando el feriado de Semana Santa, Sali para el norte del pais, con mi familia desde el viernes de Dolores, y me encontraba cercano a esos lugares, cuando se dieron los acontecimientos lamentables, escuchando, la version de los pobladores vecinos a estos lugares, lo que ellos comentan, es que el Sr. Ramiro Choc, esta en la situacion actual por meterse a defender los intereses de las personas que ocuparon, una finca propiedad de la familia del Procurador de la Nacion, y la cual ya practicamente es una aldea con casas, tiendas, Etc. lo cual ellos lo consideran como un abuso de Autoridad.
El problema aqui: ?Que es lo que pasa con la secretaria de asuntos Agrarios, Fontierra etc. que estan para solucionar los conflictos agrarios y no llegar a estos extremos que le hacen tremendo daño, a la democracia, al Estado de Derecho y al pais a nivel internacional.
Fernando Girón Soto: (2008-03-24 11:57:45 horas)
El editorial solicita investigación a fondo y sanción a los culpables, tanto del grupo que secuestró persona nacionales y extranjeras, como de fuerzas de seguridad que posiblemente hayan asesinado extrajudicialmente a un campesino y retenido ilegalmente a otros para intercambios de rehenes. Los hechos muestran las carencias profundas del Estado, que no investiga, no previene, se torna solamente reactivo y en resumen no puede proveer seguridad, ni brindar protección. Si embargo, el editorial omite plantear problemas de fondo, por ejemplo el despojo y explotación que las comunidades kekchies han sufrido de los terratenientes finqueros y servidores gubernamentales en el valle del Polochic por los últimos cien años, cuando menos; lo que provoca en parte la protesta, marginación, pobreza y riesgo de terminar defendiendo a personajes como Ramiro Choc, que corren estos campesinos, que terminan delinquiendo por una crisis económico-social, que se convierte de orden público por la desatención del Estado, que sólo se ocupa en los intereses de los terratenientes.
Como agudamente dice Irmalicia Velásquez Nimatuj: "Es fácil publicar que la Ley se aplique cuando se tienen tres tiempos de comida, servicios y privilegios de clase. Pero cuando los de abajo alzan su voz y piden que el mismo Estado de Derecho se aplique para ellos y que la justicia les alcance, se les acusa de cuanto delito aplica y se exige que se les castigue con todo el peso de la Ley." Efectivamente señores de El Periódico, es fácil, tan fácil como omitir la información de fondo y dejar todo en la superficie de la coyuntura. Es claro que el análisis de los hechos no invalida la aplicación de la ley y menos aún diluye responsabilidades penales para quien las tenga; pero si es necesario publicar la realidad total y no sólo dejar instalado en la percepción pública que la protesta social es de suyo delictiva, sin señalar la realidad que provoca esa protesta. No hacerlo es también un agravio a la justicia, por aquello de que a "cada quien lo suyo".
A pesar de que los editoriales de los diarios del país han sido ecuánimes en cuanto al problema de los seguidores de Ramiro Choc, en estos mismos diarios la defensoría de los derechos humanos tiene acusadores de oficio como un tal Morales Chua, así como pone delegados como un señor Yoc , en los lugares de los hechos que con ligereza y sin ninguna prueba están prestos a acusar a las fuerzas de seguridad. Es cierto que apareció un muerto, con la apariencia de que una granada le había estallado en el pecho, vapuleado y con un trapo entorchado alrededor del cuello, simulando ahorcamiento. No voy a negar que existe la posibilidad de esa granada que le estalló en el pecho al "campesino" la hayan lanzado las fuerzas de seguridad, aunque entiendo que estas no estallan violentamente. Pero de eso, a que lo vapulearan moribundo y colocarle un trapo entorchado al cuello, suena un poco fuera de lo normal, pues los policías saben que ni por un caso accidental los apoya el estado, mucho menos en un acto criminal. Analizando todo lo sucedido y lo que está sucediendo no está lejos que el muertecito haya sido colocado por el grupo campesino o por lo menos lo arreglaron, de acuerdo con el delegado de la procuraduría de derechos humanos, ya que montar nuevamente cámaras como lo hicieron con el oficial Laclán Chaclán, ya está muy jalado. Entre las investigaciones del Ministerio Publico se debe incluir a este oficial de la Procuraduría y si hubiera hechores intelectuales también.
adriana echeverria: (2008-03-24 08:12:59 horas)
investigacion a fondo? esta deberia de hacerse a la Sra. Castellanos (prima de Florido), dizque duena de tierras municipales pues ella hizo una fabricacion de acusacion al Sr. Choc, lo que ha causado indignacion e impotencia a las comunidades, su receta va mas a lo de siempre mano dura sin inteligencia!! o piensan encerrar a toda la poblacion que se revele? escriba con responsabilidad por favor, este es un medio serio?!?!?
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