Entre Pronade y los fondos sociales hay un paralelismo: ambos fueron promovidos por organismos financieros y de cooperación internacionales como un recurso temporal y de emergencia a inicios de los noventa, con el fin de mitigar los graves impactos sociales de los programas de ajuste económico.
El Estado debía priorizar el pago de la deuda y centrarse en los costos de la estabilización financiera, lo cual, en un contexto de crónica debilidad fiscal, sacrificó la política social. A eso se sumó, en la administración Arzú (1996–2000), un oneroso programa de privatizaciones que desmanteló redes públicas de salud y de soporte técnico de los pequeños productores agrícolas, fuentes de crédito accesible e infraestructura de almacenamiento.
Desde hace años la misma Comunidad Internacional que promovió los fondos sociales habla de suprimirlos o unificarlos. A juzgar por la magra relación gasto/resultado los fondos han sido un fracaso.
Las cifras muestran con tozudez la multiplicación de la desnutrición infantil y de los índices de pobreza justamente en los municipios donde los fondos operan.
Pero estos se han mantenido –a la vez que crecen los fideicomisos– porque resultan mecanismos ágiles y discrecionales de aplicación de recursos.
Pronade, en cambio, está libre de esas críticas, al menos en lo que se escucha y lee en la capital. Al revés, se le atribuyen enormes bondades, como explicar la ampliación de cobertura escolar, lograr un mejor cumplimiento de las responsabilidades docentes gracias a la vigilancia de los padres de familia y realizar contrataciones pertinentes: el maestro idóneo que la comunidad de educandos necesita. Sin embargo, Pronade será eliminado y se señala a la Asociación magisterial –repudiada entre algunas elites– como causante directa del educacidio.
A falta de evaluaciones independientes sobre Pronade, cabe la tentación de reducir el asunto a un conflicto de intereses entre grupos privados que tienen beneficios indirectos del Programa, y grupos políticos queriendo ampliar la cobertura de su influencia a través de los nombramientos docentes.
Como principio de política es bueno que el Estado recupere la gestión directa del sistema educativo, pues descentralización no equivale a privatización. La gestión de los padres en los Codeucas es loable, pero está lejos de ser idílica. Más allá de Pronade, algo es cierto: nuestro sistema educativo necesita una reforma profunda y consistente.
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2 comentarios:
JAIME R. PEREZ M: (2008-03-27 15:59:34 horas)
la verdad es que debemos tener muy claros los terminos, descentrlizacion, delegacion, desincorporacion y privatizacion para poder, referirnos a algo el pronade y la creacion de las juntas de padres de familias, jamas han sido una privatizacion es um ejemplo, clasico de descentralizacion donde la personalidad juridica solo cambia, o se transfiere pero jamas se vende y la participacion ciudadana se fortalece fortaleciendo la democracia participativa, y que mejor que los padres se preocupen e involucren en la educacion de los hijos, los unicos que tratan de confundir el termino, satanisandolo con el nombre de privatizacion son los maestros holgazanes porque las juntas de padres si les exigen que trabajen y eso es un mal muy contagiado en el magisterio desgraciadamente y para tristeza de nuestro pais y de nuestros hijos, perdon por el verdadero maestro abnegado y de vocacion que tambien hay muchos y deberian defender su noble profesion.
Cesar Rivera: (2008-03-27 14:00:38 horas)
Por años fui un "fan" de la educación privada, pero la verdad es que viendo como dicha educación, al menos en el nivel primario y medio es manejada más como un negocio que por los resultados que aporta, creo ahora que definitivamente el gobierno debe aportar una mejor opción a través de la educación pública. Sólo con una buena competencia de parte del gobierno los colegios privados tendrán que ponerse las pilas en el rendimiento académico de sus estudiantes.
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