Izabal no es lo que en el imaginario se ha tratado de crear: una exótica área turística o una región en donde pulula el empleo bien remunerado, generado por compañías extranjeras ubicadas en ese lugar.
Por el contrario, es un departamento montañoso, en constante efervescencia por las condiciones infrahumanas en que vive la mayoría de la población k’ekchi’, que ha terminado arrinconada y olvidada por los gobiernos.
En los últimos meses los k’ekchi’ de Izabal han terminado satanizados en los medios de comunicación, en donde autoridades judiciales y ejecutivas hasta editorialistas y columnistas han declarado o escrito artículos sobre las acusaciones que pesan sobre algunos de ellos, desde usurpación agravada, robo agravado, detención ilegal, expulsión de grupos ambientalistas y de la Policía Nacional Civil. Y a partir de la retención el 23 de febrero de 29 policías, durante 40 horas en Livingston y de cuatro turistas belgas y dos acompañantes el 14 de marzo en el lago de Izabal, se les acusa de ser secuestradores.
Comparto que los campesinos no debieron limitar la libertad de locomoción de los 29 miembros de la Policía, los cuatro ciudadanos belgas, los dos guatemaltecos ni de ninguna otra persona, pero pregunto:
¿Cuáles fueron las acciones que realizó el Estado, anterior a estos hechos a través de sus centros de mediación, resolución de conflictos, fondos de tierra, protección de derechos humanos y derechos indígenas para conciliar o solucionar las demandas de estos campesinos? Porque son instituciones que fueron creadas para atender este tipo de problemáticas.
¿Qué hicieron los funcionarios responsables de estas entidades para estudiar, analizar, buscar y plantear salidas viables a la problemática de estos colectivos de campesinos k’ekchi’? ¿En dónde están las propuestas del Estado o las evidencias de que afrontaron con responsabilidad a través de un proceso la conflictividad? Conflictividad que es histórica, pero que ahora se mezcla con otros intereses por la ubicación estratégica del departamento y los recursos que posee.
Ante los hechos cuestiono si el Estado, a través de la pasividad, inefectividad y desconocimiento desde sus funcionarios no está llevando a la desesperación a los campesinos que demandan atención a sus necesidades, porque de continuar la incapacidad estatal en asumir estos temas, se prolongará la situación de pobreza de los campesinos y se agudizará el conflicto en el campo.
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