Dicen que el procurador peneral de la nación, Mario Gordillo, brincaba eufórico cuando su esposa, Patricia Cervantes, resultó electa magistrada al Tribunal Supremo Electoral. Ahora que le pidieron la renuncia, por los conflictos de interés que podría generarle la argolla de matrimonio, Gordillo ha cambiado los saltos de porrista por los gestos melodramáticos.
El abogado estatal hinchó el pecho, alzó la calva y declaró que no se va, que se trata de un golpe de Estado “blanco” y que va a defender la Constitución.
Bla, bla, bla. Gordillo se puede asesorar con el ex magistrado Rodolfo de León, aquel del pelo sospechosamente negro, que se hizo famoso por atrincherarse en el cargo al sobrepasar la edad de retiro.
El trasfondo del pleito por la Procuraduría General de la Nación no es el celo patriótico de Gordillo por enarbolar la causa de la Carta Magna. No lo es tampoco el potencial conflicto de interés entre el Procurador y su esposa que de pronto le molestó al presidente Álvaro Colom. Lo que le está costando el puesto a Gordillo son los acuerdos incumplidos hace una semana en la conformación del Tribunal Supremo Electoral y, en el fondo, la politización de las instituciones de justicia.
El nuevo Gobierno no inventó el problema, pues viene fermentándose de tiempo atrás. Difícilmente puede ahora el secretario general de la Gana, Álvaro Aguilar, condenar la decisión del presidente Colom y salir en defensa de Gordillo, porque el Gobierno anterior hizo algo similar cuando echó al Procurador que dejó el FRG, Luis Rosales. En tiempos de Alfonso Portillo también hubo varios intentos por sacar de la Procuraduría a Carlos García Regás: desde un amparo interpuesto por un desinteresado ciudadano hasta una memorable humillación pública. Si no lo sacaron fue porque no pudieron, no por falta de ganas.
Y antes de eso, en la administración del PAN, Álvaro Arzú no removió al procurador de entonces, Acisclo Valladares, pero sí colocó a uno de sus hombres más cercanos en cuanto tuvo la oportunidad.
El resbalón del actual Presidente consistió en pedirle la renuncia a Gordillo sin antes haberle armado un expediente que fundamentara “la causa justificada” que establece la ley para destituirlo.
Según ha reportado la prensa, en eso está trabajando y los allegados al despacho de la Presidencia aseguran que Gordillo ha hecho méritos en variedad de temas, desde pecadillos hasta asuntos serios, como su desidia en el caso de Byron Barrientos.
Sin embargo, el que la nueva administración logre destituir a Gordillo o él se salga con la suya no va a depender tanto de una evaluación real y objetiva de su desempeño al frente de la Procuraduría.
Más allá de eso, el caso nos permitirá asistir al primer pulso político de la UNE y la oposición en las cortes.
Dicho esto, vale la pena recordar que desde hace algunos años se ha entablado el debate respecto a la función del Procurador General de la Nación. Supuestamente el abogado del Estado debe ser independiente y se le concibe como un contrapeso de poder.
Pero en realidad no funciona así. Para comenzar, lo nombra el Presidente a mitad del período, cuando ya hay trapitos sucios acumulados. ¿A quién va a nombrar el Presidente a esas alturas? ¿A un jurista impoluto sin vínculos con el partido de Gobierno o a un cuate que les pueda salvar el pellejo?
La respuesta es obvia y a la historia me remito. Luego, cuando llegan las elecciones generales y cambia el Gobierno, empiezan las fricciones. Durante el Gobierno pasado recuerdo que surgió la misma polémica y varios juristas argumentaron que el cargo del Procurador General debe ser una posición eminentemente técnica de representación y asesoría jurídica para el Presidente. El problema ahí es que el abogado del Estado está a cargo de asuntos tremendamente delicados, como la elaboración y revisión de contratos. Si se trata de una persona íntegra, no hay problema, pero si en el futuro nos llega a caer un vivo, mejor nos persignamos.
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