Conflicto agropecuario en Argentina

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de extracción peronista y cuyo Gobierno busca sacar ventaja de las exportaciones agrícolas con fines “redistributivos”, descalificó la acción de los productores agropecuarios diciendo que “estos son los piquetes de la abundancia, de los extorsionadores”, en tanto que los líderes del movimiento denuncian: “¡Esto es una confiscación, vamos a quemar la cosecha y a derramar la leche de los tambos!” Como en el pasado, la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (residencia del gobernante), foro histórico de los argentinos, ha vuelto a ser caja de resonancia del ruido de cacerolas. El último “cacerolazo” se produjo antes de la caída del ex presidente Fernando de la Rúa (1999–2001), cuyo Gobierno conservador no pudo hacer frente a una aguda crisis financiera.

Las exportaciones agrícolas argentinas son altamente competitivas y, en el fondo, lo que se denuncia es que el Gobierno argentino está restándole competitividad a la actividad agrícola, a costa de quitar más dinero a la gente que lucha por ser más productiva en un país que trata de resurgir económicamente, sin que ese dinero se esté necesariamente traduciendo en gasto público de calidad.

La carga tributaria sobre el sector formal de la economía argentina se estima en el orden del 37 por ciento. Indudablemente, este peso del Estado en la economía está impactando fuertemente en la competitividad, y si a esto se agrega que el gasto público es ineficaz, pareciera que ha llegado el momento en que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de corte populista, debe reflexionar sobre la necesidad de aliviar el peso fiscal y de mejorar la calidad de los servicios públicos (educación, salud y seguridad). De lo contrario, lo más probable es que este paro agropecuario sea el detonante de una creciente conflictividad socioeconómica.

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