Que las Olimpiadas sirven como fuerza escenificadora de las contradicciones políticas mundiales no es nada nuevo. Es como juntar a la familia en Navidad: pronto empiezan a surgir las bajas pasiones: tío alcohólico, padre violador, hermana adúltera, en fin, el freakario en pleno. Y familias disfuncionales es que nunca faltan, por las fechas olímpicas: Berlín 1936, Tlatelolco 1968, Münich, 1972. Y hoy, miseria, el Tíbet.
El caso del Tíbet tiene no obstante algo de fallido, puesto que el timing de su matanza –su matanza olímpica– vino demasiado pronto y antes y mal. En un mundo warholiano, de franja estelar, en donde el attention spam es diabólicamente corto, podemos especular que para cuando llegue el acto de inauguración en Beijing, al espectador promedio le dará concluyentemente igual el centenar de muertos en Lhasa y todos en gran romance con Lao Tse y mirá qué linda la gimnasta.
Algunos consideran que las Olimpiadas no deberían de mezclarse con la política. Es decir: el derecho –ese derecho algo monarcal– a no intervenir. Pero este grado de discrecionalidad queda en entredicho cuando analizamos de cerca lo que este asunto de Olimpiadas en realidad es: un maelstrón económico de poderes incalculables que debate el futuro geopolítico de las grandes ciudades del mundo, y crateriza significativamente, por así decirlo así, el espacio mediático. El espectáculo también genera superpotencias.
Otra cosa es que el foro olímpico se ha constituido como un esquema singularmente monópolico de la gloria deportiva. Para un, por decir, escritor, rehusarse a visitar un determinado país, o bien rechazar un premio, en nombre de la decencia y la ética elementales, es algo factible, incluso aconsejable, y alguno ya ha ninguneado incluso el Nóbel (Sartre). Pero para un atleta rechazar la oportunidad olímpica es algo genuinamente delicado –lo cuál no quiere decir que no deba de hacerlo.
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