El despertar a la realidad

Hace un año la opinión pública se estremeció con la noticia del macabro asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y de su piloto, pero lo más grave de este terrible y lamentable suceso fue cuando se supo que los hechores eran oficiales de la Policía Nacional Civil que operaban bajo instrucciones del crimen organizado del oriente de Guatemala y, posiblemente, cumpliendo órdenes de narcotraficantes salvadoreños. Y a aquel hecho de sangre lo siguió el “ajustamiento” en una de las cárceles de mayor seguridad, de los policías involucrados directamente, por parte de mareros recluidos en esa prisión. En aquellos momentos, los guatemaltecos nos quedamos pasmados por el grado de infiltración de los cuerpos de seguridad que se puso al descubierto con estos horrendos crímenes. El escándalo fue de tal grado que motivó la renuncia del propio Ministro de Gobernación y de altos jefes policiales.

A pesar de que en la campaña electoral recién pasada, todos los candidatos presidenciales prometieron seguridad, orden y terminar con la impunidad, las cosas parecen que no cambian en Guatemala. El nuevo Gobierno que asumió el 14 de enero recién pasado, prometió que pondría en práctica un cuidadoso plan de seguridad que se centraría en reestablecer el orden y la autoridad en las denominadas zonas rojas (territorios controlados por el narcotráfico y el crimen organizado), pero los esfuerzos que han hecho en dos meses y medio, aún no se manifiestan en grandes logros. Para colmo de males, hace diez días se produjo una emboscada entre narcos en un turicentro de Río Hondo, Zacapa, que dejó 11 muertos incluyendo a un importante capo del narcotráfico nacional.

Este enfrentamiento entre carteles mexicanos y guatemaltecos conmocionó de nuevo al pueblo de Guatemala porque le abre los ojos a una cruda realidad: el narcotráfico se ha enraizado en nuestro país en los últimos años, cuenta con recursos casi ilimitados y se ha convertido en un poder paralelo al poder del Estado con el agravante de haber infiltrado los sistemas de seguridad gubernamentales.

Lo sucedido, en nuestro criterio, debe llamar a la reflexión a todos los sectores sociales representativos.

El problema del narcotráfico es complejo y difícil de resolver. Los carteles se han afianzado en muchos departamentos y están muy consolidados en decenas de municipios, donde las comunidades locales se sienten atemorizadas por lo que optan por una actitud pasiva o de colaboración. El crimen organizado también se muestra generoso con los más pobres de esas comunidades e invierten cantidades significativas en proyectos sociales y recreativos y también utiliza donaciones directas que permiten ganar la buena voluntad de muchos vecinos. Las autoridades departamentales o municipales y los elementos de los cuerpos de seguridad tampoco reaccionan porque carecen de los medios adecuados para hacerlo y, en muchos casos, porque se les ha comprado su complicidad o su silencio. Ante un desafío de esta dimensión, es necesario señalar que la responsabilidad no es solo de las autoridades sino de todas las entidades civiles y de todos los ciudadanos responsables. Ante esta situación, considero que el Gobierno, dentro del esquema de diálogo nacional, debe pedir el concurso de todos sobre este delicadísimo asunto.

Lo que sucedió en Colombia hace muchos años, hoy pasa en Guatemala. En México el Gobierno del presidente Calderón ha hecho frente al narcotráfico, con energía y determinación, y le ha ordenado al Ejército intervenir directamente para que con las fuerzas policiales y especiales que allí funcionan, se empiece a desmantelar la estructura de los carteles de Sinaloa, del Golfo, de Ciudad Juárez, etcétera. Esa lucha frontal del Gobierno de nuestro hermano país ha empezado a rendir frutos y así se reconoce. La iniciativa del presidente Bush, durante la reunión con el presidente Calderón en Mérida, Yucatán, el año pasado para combatir el narcotráfico, también es importante. En el caso de Guatemala, es indispensable la ayuda externa y la coordinación con México, Colombia y los países centroamericanos. La tarea a realizar es enorme, pero debe hacerse. La estrategia a seguir debe contemplar no solo la persecución, procesamiento y encarcelamiento de los implicados, sino extenderse al campo económico–social. Lo que no se puede aceptar es que el Gobierno rehúya a su responsabilidad y diga que no cuenta con los recursos para enfrentar el problema.

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