Todos los días se reportan muertes violentas como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala, excede el límite de nuestra imaginación. Los cadáveres aparecen acribillados a tiros, descuartizados, descabezados o lacerados brutalmente.
También abundan los ajusticiamientos con tiro de gracia, así como los asesinatos de familias enteras presuntamente atribuidos a venganzas, y silenciamientos del hampa y de la mafia, así como víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos armados.
Las fuerzas del orden no solo son impotentes ante la creciente criminalidad, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de los delitos, como autores, cómplices o encubridores. Se ha llegado al extremo de que la gente teme a la presencia policial debido a que la Policía ha dejado de ser confiable y ya no representa garantía alguna para la población.
Los conflictos en Guatemala se dirimen violentamente y esta vorágine de sangre, inexorablemente, nos está llevando a una matanza despiadada e incontenible. Consecuentemente, se está imponiendo la ley de la selva, o sea la ley del más fuerte.
En nuestra opinión, todas las disputas deberían dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles. Al respecto, debe tenerse presente que cuando se opta, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, la sociedad, irreversiblemente, habrá evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal.
Insistimos que la única vía hacia la paz y la estabilidad efectivas es a través del imperio de la Ley.
El Estado no debe escatimar ningún esfuerzo en lograr que esta se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique en nuestro país. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza e impedir, a toda costa, que esta esté en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la Ley solamente se logrará a base del fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego a los procedimientos legales, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
¡Qué lejos estamos de este ideal!
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