La única forma de garantizar que todos los niños vayan a la escuela, es tejiendo una alianza con los padres de familia y con los líderes comunitarios. Solamente se podrá cerrar la brecha de ignorancia y subdesarrollo, en la medida en que sean ellos mismos quienes demanden la educación de sus hijos y velen porque la escuela opere con la debida regularidad. Para lograrlo se debe entablar una relación de confianza y respeto mutuo que favorezca el compromiso de los padres y madres y su involucramiento en la escuela. El progreso de nuestras comunidades rurales, parte de que sean ellas mismas, encabezadas por sus propios líderes, quienes tomen control de su plan de vuelo, de sus metas y de su destino.
Pronade es un proyecto de Nación que demostró ser una alianza efectiva entre el Mineduc, los maestros y los padres de familia para universalizar el acceso a la educación primaria. Gracias a esta relación sinérgica fue posible incorporar y retener a una quinta parte de nuestros niños y niñas en el sistema educativo. A pesar de su pobreza extrema, que los condenaba de antemano a no ir a la escuela, a desertar o a reprobar, los menores se han mantenido en las aulas y han ampliado su escolaridad. La fórmula funcionó y permitió al Estado garantizar el derecho de nuestra niñez rural a la educación. Construir esta relación de confianza tomó muchos años y convencer a los papás de acercarse a la escuela y creer en el sistema no fue tarea sencilla. Sin embargo, ellos confiaron en que la educación pudiera llegar a sus comunidades, que la escuela estuviera abierta y que sus hijos tuvieran maestro.
Como todo programa, Pronade es perfectible. Al igual que sucede en el resto de establecimientos educativos, es necesario mejorar las condiciones de los maestros y fortalecer la calidad de las escuelas de autogestión, entre otros aspectos. Sin embargo, debe tenerse sumo cuidado al alterar el funcionamiento de una modalidad educativa que ha dado resultados. Por ello, me preocupa enormemente el giro que el Gobierno está dando al programa en estos momentos. Quitar a las comunidades el espacio que han tenido, presupuestar a los maestros, restringir la participación de los padres de familia y restarles responsabilidad en la escuela no solo contravienen las políticas de descentralización, sino que ponen en riesgo la educación de los habitantes de las comunidades más postergadas del país. Espero que se evalúen bien los pasos a dar, antes de caminar en una senda que impacte negativamente en el derecho de nuestros niños a la educación, de manera irreversible.
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