La banca internacional de desarrollo constantemente está otorgando préstamos a los distintos países en vías de desarrollo como el nuestro, destinados a una infinidad de proyectos (infraestructura, fortalecimiento institucional, desarrollo local y comunitario, tecnología educativa, ingeniería sanitaria y capacitación, entre otros).
En general, estos préstamos son otorgados a largo plazo y a tasas de interés bastante menores que las regulares que ofrece el mercado financiero internacional, por lo que se denominan blandas, con períodos de gracia, es decir lapsos de tiempo en que no se pagan intereses.
La banca internacional de desarrollo también exige contrapartidas a los países prestatarios, o sea que parte de los proyectos sean financiados directamente con fondos propios de los estados, que provienen de sus presupuestos de inversión.
Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta que los costos por los préstamos que se otorgan no solamente son los intereses, sino que existen otros cargos financieros, específicamente los siguientes: A) comisión por el análisis de la operación; B) comisión de compromiso frente a los saldos no desembolsados; C) comisión inicial; D) comisión por estructurar paquetes financieros adicionales cuando la financiación provenga de otras fuentes comerciales; y E) comisión anual de administración.
En Guatemala, muchos préstamos de desarrollo, aunque ya fueron formalizados, no han sido desembolsados, principalmente porque existe una tremenda incapacidad de ejecución de proyectos en el sector público. En consecuencia, los préstamos tardan muchísimo más de lo previsto en ser desembolsados. Sin embargo, el Estado prestatario debe pagar a los bancos prestamistas las comisiones por saldos no desembolsados y de administración.
Por supuesto, estos pagos salen directamente del presupuesto de gastos del Estado prestatario, lo que vuelve extremadamente gravoso un préstamo que originalmente pudo haber sido de desarrollo, pero que, a la larga, se ha convertido en un préstamo excesivamente gravoso y sin rentabilidad social.
La Segeplan debería hacer una revisión de esta situación, a fin de determinar el costo real que representan para el país los préstamos de desarrollo no desembolsados y que puedan tomarse las decisiones tendentes a aliviar esta carga injustificada y absurda.
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