Guatemala, viernes 04 de abril de 2008 - 15:44 horas
Manuel Henry, director de la reserva Parque Nacional Río Dulce, habla del conflicto de Livingston, de la presión de los presidentes para legalizar tierras y de Ramiro Choc.
Por: Enrique Naveda
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Foto: Por ejemplo, cree que es absurdo pensar en que Choc y el narcotráfico han tenido algo que ver. Dice que todo nace de la restricción en el uso de los recursos naturales. La medida existe desde que en 1955 se crea el parque. “Eso ha generado conflicto y malestar”, comienza. “Hace 20 años el Estado se erigía en autoridad. Cuando las comunidades utilizaban los recursos lo hacían con mucho respeto. A partir del proceso de Paz esto ya no se da”. ¿Por qué? – Se ha manipulado mucho el tema del derecho histórico. Brisas del Golfete y Punta Arenas, entre otras comunidades, incluyeron en 1983 documentos al Inta para poder regularizar su estancia. Punta Arenas tenía 16 familias y lo mismo Brisas. En la actualidad ambas sobrepasan las 55. No son familias históricamente establecidas: probablemente ya quedan solo lo 7 u 8 de las originales. Ha crecido la población y la actividad. Hasta 1990 el parque seguía íntegro por tres razones: un crecimiento demográfico bajo, la presencia del Estado con una mayor fuerza, y todavía no se habían abierto las fronteras acuáticas, por lo que no era posible el ingreso de veleros. Esto incrementa el número de muelles, y el uso de recursos, que crece. ¿Cuánto? – De lo que había en 1960 o 1970 en las riberas del parque casi un mil por ciento. Extranjeros y nacionales de mucha plata empiezan a comprar toda la ribera. ¿Legal o ilegalmente? – Relativamente legal. Los que se establecen antes en la ribera son comunitarios, que no utilizaban los primeros cien metros pantanosos, pero ejercían influencia sobre ellos. Quien ha administrado estos cien metros y los posteriores mil ha sido la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (Ocret) y el parque. Pero las negociaciones de esta tierra, para casas de recreo, no ha sido por vías legales sino un trato entre el comunitario posicionado y la persona que llega. Serrano Elías hizo un trámite así, no por Ocret. Luego presionan a Ocret para que inicie el trámite. Encuentro Campesino se queja de agravio: las tierras de gente poderosa se legalizaban y las suyas no. También se dice que Conap está atado de manos. – No es del todo cierto. La mayoría de las residencias en Río Dulce -entre 45 y 50 por ciento- no están regularizadas y crea conflicto con Conap. No lo amparamos. Lo que pasa es que hay gente que se roza con el Presidente y la presión llega directamente de él. Además todos los presidentes de la República desde 1986 a la fecha tienen o quieren tener su casa. Del único que no conozco que tenga es Arzú. Pero desde Vinicio Cerezo hasta Óscar Berger, todos tienen intereses y casas de recreo en el área. ¿Álvaro Colom? – Por lo menos hasta la fecha no. Lo que sé es que la familia Colom tiene posesiones en el área. Pero son históricas. Precisamente para evitar ese sentimiento, tuvimos que negar a un ministro del gabinete anterior la posibilidad de que construyera una casa. ¿Qué ministro? – No lo puedo decir. Tenía arrendamiento de Ocret pero no llenaba los requisitos para construir. Ocret no cumple del todo su misión, que es cuidar las reservas territoriales del Estado, no convertirse en una inmobiliaria; y en eso se ha transformado. También una persona muy poderosa pidió al alcalde de Livingston que hiciera de la ribera zona urbana. ¿Con Berger recibieron presiones para legalizar? – No hubo presión sino un abandono de la situación. La conflictividad comenzó en un momento en que no era políticamente prudente hacer nada, y nos dejaron a los técnicos a la deriva y solos. Cuando a mediados del año pasado pudo haber intervenido para que no hubiera casos dramáticos y la tragedia de la muerte de Mario (Caal), no se hizo nada. ¿Qué hubiera hecho falta? – Un operativo de cateo de algunas casas y de aprehensión de algunas personas. ¿Qué podían encontrar? – Desde el año pasado Encuentro Campesino robó armas de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo es la situación con los finqueros? – Los chaleteros solo utilizan los primeros cien metros de la ribera, pero crean un mercado. Quieren decorar sus casas con maderas nativas, y entonces la gente de las comunidades llega a ofrecérselas. En cuanto a los ganaderos, la mayoría no regulariza su asentamiento porque para su actividad económica no lo necesita. Tumbo bosques, siembro pasto, meto las vacas y las comercializo. No hay ninguna regla que diga que las vacas tienen que venir de alguna finca regular, no es como los árboles. ¿Cuántas hectáreas están en manos de ganaderías ilegales? – Hay algunas legalizadas en la parte sur. Ahora, en el norte, casi ninguna lo está. Al sur está el mayor impacto. Yo diría que de un 28 a un 35 por ciento no tiene permiso e influye en un 50 o 55 por ciento. |
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