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Manuel Henry dirige desde 2005 el Parque Nacional Río Dulce, en Izabal.
Ha sido mediador o parte en un buen número de conflictos entre las
comunidades y el Estado. Conoce a Ramiro Choc y su relación ha tenido
momentos tensos. Concedió esta entrevista para aclarar mucho de lo
publicado hasta ahora.
Por
ejemplo, cree que es absurdo pensar en que Choc y el narcotráfico han
tenido algo que ver. Dice que todo nace de la restricción en el uso de
los recursos naturales. La medida existe desde que en 1955 se crea el
parque. “Eso ha generado conflicto y malestar”, comienza. “Hace 20 años
el Estado se erigía en autoridad. Cuando las comunidades utilizaban los
recursos lo hacían con mucho respeto. A partir del proceso de Paz esto
ya no se da”.
¿Por qué?
– Se ha manipulado mucho el tema del
derecho histórico. Brisas del Golfete y Punta Arenas, entre otras
comunidades, incluyeron en 1983 documentos al Inta para poder
regularizar su estancia. Punta Arenas tenía 16 familias y lo mismo
Brisas. En la actualidad ambas sobrepasan las 55. No son familias
históricamente establecidas: probablemente ya quedan solo lo 7 u 8 de
las originales. Ha crecido la población y la actividad.
Hasta 1990
el parque seguía íntegro por tres razones: un crecimiento demográfico
bajo, la presencia del Estado con una mayor fuerza, y todavía no se
habían abierto las fronteras acuáticas, por lo que no era posible el
ingreso de veleros. Esto incrementa el número de muelles, y el uso de
recursos, que crece.
¿Cuánto?
– De lo que había en 1960 o
1970 en las riberas del parque casi un mil por ciento. Extranjeros y
nacionales de mucha plata empiezan a comprar toda la ribera.
¿Legal o ilegalmente?
–
Relativamente legal. Los que se establecen antes en la ribera son
comunitarios, que no utilizaban los primeros cien metros pantanosos,
pero ejercían influencia sobre ellos. Quien ha administrado estos cien
metros y los posteriores mil ha sido la Oficina de Control de Reservas
Territoriales del Estado (Ocret) y el parque.
Pero las negociaciones
de esta tierra, para casas de recreo, no ha sido por vías legales sino
un trato entre el comunitario posicionado y la persona que llega.
Serrano Elías hizo un trámite así, no por Ocret. Luego presionan a
Ocret para que inicie el trámite.
Encuentro Campesino se queja
de agravio: las tierras de gente poderosa se legalizaban y las suyas
no. También se dice que Conap está atado de manos.
– No es del
todo cierto. La mayoría de las residencias en Río Dulce -entre 45 y 50
por ciento- no están regularizadas y crea conflicto con Conap. No lo
amparamos. Lo que pasa es que hay gente que se roza con el Presidente y
la presión llega directamente de él. Además todos los presidentes de la
República desde 1986 a la fecha tienen o quieren tener su casa. Del
único que no conozco que tenga es Arzú. Pero desde Vinicio Cerezo hasta
Óscar Berger, todos tienen intereses y casas de recreo en el área.
¿Álvaro Colom?
– Por lo menos hasta la fecha no. Lo que sé es que la familia Colom tiene posesiones en el área. Pero son históricas.
Precisamente
para evitar ese sentimiento, tuvimos que negar a un ministro del
gabinete anterior la posibilidad de que construyera una casa.
¿Qué ministro?
–
No lo puedo decir. Tenía arrendamiento de Ocret pero no llenaba los
requisitos para construir. Ocret no cumple del todo su misión, que es
cuidar las reservas territoriales del Estado, no convertirse en una
inmobiliaria; y en eso se ha transformado.
También una persona muy poderosa pidió al alcalde de Livingston que hiciera de la ribera zona urbana.
¿Con Berger recibieron presiones para legalizar?
–
No hubo presión sino un abandono de la situación. La conflictividad
comenzó en un momento en que no era políticamente prudente hacer nada,
y nos dejaron a los técnicos a la deriva y solos.
Cuando a
mediados del año pasado pudo haber intervenido para que no hubiera
casos dramáticos y la tragedia de la muerte de Mario (Caal), no se hizo
nada.
¿Qué hubiera hecho falta?
– Un operativo de cateo de algunas casas y de aprehensión de algunas personas.
¿Qué podían encontrar?
– Desde el año pasado Encuentro Campesino robó armas de la Policía Nacional Civil.
¿Cómo es la situación con los finqueros?
–
Los chaleteros solo utilizan los primeros cien metros de la ribera,
pero crean un mercado. Quieren decorar sus casas con maderas nativas, y
entonces la gente de las comunidades llega a ofrecérselas.
En
cuanto a los ganaderos, la mayoría no regulariza su asentamiento porque
para su actividad económica no lo necesita. Tumbo bosques, siembro
pasto, meto las vacas y las comercializo. No hay ninguna regla que diga
que las vacas tienen que venir de alguna finca regular, no es como los
árboles.
¿Cuántas hectáreas están en manos de ganaderías ilegales?
–
Hay algunas legalizadas en la parte sur. Ahora, en el norte, casi
ninguna lo está. Al sur está el mayor impacto. Yo diría que de un 28 a
un 35 por ciento no tiene permiso e influye en un 50 o 55 por ciento.
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