No es el nombre, es la función

Víctor Rivera, el controversial ex director de Inteligencia venezolana, que llegó por primera vez a Guatemala a fines de los ochenta, ya no está en Gobernación. Y la orden del presidente Álvaro Colom de prescindir de sus servicios ha despertado la polémica. Muchos le demandan al gobernante que lo reinstale o al menos que explique sus razones.

Rivera ganó reputación de buen investigador, y el agradecimiento profundo de familias que sufrieron secuestros, a quienes él les devolvió a sus seres queridos. Nadie le regatea esos méritos.

Como investigador privado, que además ha desempeñado múltiples servicios operativos y de inteligencia a favor de algunas de las corporaciones más poderosas, ha sido sumamente eficaz.

Entonces, ¿cuál es el problema si esos talentos están al servicio del Estado?

El problema es que Rivera, no obstante haber sido formado como agente de Estado, no es ahora gente de nuestro Estado, y en esa calificación no tiene que ver su origen nacional. Son sus lealtades.

Él responde a algunos poderes corporativos, que no precisamente tienen vocación estatal-democrática, pero sí de ejercicio de poder. Y el problema es la manera cómo Rivera se injerta en el Estado: dispone de recursos, accede a información reservada, lleva a cabo operaciones y tiene mando, sin que le corran a la vez responsabilidades políticas.

Ha sido mucho más que asesor de seguridad (lo fue en tiempos de Cerezo, Arzú y Portillo). Con Berger adquirió una estatura superior a la del Ministro de Gobernación, que se agigantó aún más en el corto período de Adela de Torrebiarte. Por todas esas razones, su figura bien encaja en la de “poder paralelo”, que a la Cicig le correspondería investigar y desmantelar.

La conclusión es que Rivera y sus capacidades no son el problema, sino la distorsión que él expresa en un esquema institucional, que quiere preciarse de estar gobernado a través de normas y procedimientos. Por eso no vale sustituir su figura por la de un ex coronel que ha sido jefe de seguridad de otra corporación (la cual, además, mantiene un conflicto abierto con pobladores de las afueras de la capital) o por quien fuere. Sería abrirle paso a otro “poder paralelo”.

La explicación que Colom le debe a la ciudadanía, es que su apuesta es a construir un Estado democrático regido por la ley. No es cambiarle nombre y apellido al problema, ni dejar otro vacío de poder que lleva a mayor ingobernabilidad.

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