Arzú y yo

El Procurador General de la Nación es el representante del Estado y la institución que preside tiene a su cargo la asesoría y consultoría de todos y cada uno de los órganos que lo integran. La calidad institucional que se exige del Procurador General de la Nación es la misma que la de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con lo que se matiza su sujeción única a la ley.

El Procurador General, cuando se le consulta, no les dice a las autoridades lo que éstas quisiesen oír, sino lo que es. No les asesora para endulzarles el oído, sino para que ajusten sus actos a la ley. Los intereses que defiende, son los intereses del Estado y no los coyunturales de un Gobierno que, al final de cuentas, derecho y Estado, son lo mismo.

El Presidente de la República es el jefe del Estado y es su función primera, la más importante, la que define su mandato, cumplir con la ley y hacerla cumplir.

El presidente Arzú prestó el más absoluto de los respetos al período constitucional del Procurador General de la Nación, designado como lo había sido por el presidente De León Carpio, el primer Procurador General de la Nación. Jamás le reprendió o pretendió reprenderle. Nunca le pidió la renuncia, directa ni indirectamente, ni intentó jamás formularle ningún cargo. El presidente Portillo, por su parte, “toleró” el período constitucional del Procurador General de la Nación que había sido designado por el presidente Arzú, si bien sometiéndolo, tras una impresionante humillación, a la vinculación directa del Organismo Ejecutivo, como que si se tratase la Procuraduría General de una dependencia – que conste que con el allegado del Gobierno anterior ya se había convertido en eso– y no de una institución. El presidente Berger vino a sentar el nefasto precedente del irrespeto por los períodos constitucionales y legales, y vino a sembrar los vientos que habrán de seguirse convirtiendo , una y otra vez, en tempestades. Los que entonces callaron, se rasgan hoy las vestiduras como podrían haberlo hecho los mejores fariseos.
La relación Álvaro Arzú, presidente, y Acisclo Valladares, procurador general, no fue fácil. Las diferencias eran más que sensibles en muchos de los grandes temas del Estado y –sin embargo– mantuvieron el respeto institucional que se debían.

En su función asesora, el Procurador General, sin ser requerido al efecto, lo que es propio de esta función y que es lo que la diferencia de la otra; la de consultoría y en la que su parecer es requerido, el Procurador General – hizo ver – a guisa de ejemplo – que era un fraude la pretendida y desafortunada creación de Guatel, Sociedad Anónima, paso en falso que ya se había dado en la dinámica privatizadora y que hubiese llevado a la cárcel – tarde o temprano– al Gobierno en pleno.

Alfredo Guzmán, gerente de Guatel, – lo entendió tras la visita que le hiciera al Procurador en su despacho e hizo que se pegase, soberana reculada.

Se intentó – entonces– la privatización en forma distinta – la correcta – pero también se torció esta en el camino. Ya para entonces el periodo constitucional del Procurador General había concluido y fue su sucesor, el nuevo Procurador General quien ¡Saludo uno y saludo dos! viniera a tolerarla.

En la función asesora, el Procurador General hizo ver al Ministerio Público y al Gobierno que el pretendido intento de magnicidio en contra del Presidente no había sido tal, sino un simple y lamentable accidente en el que un humilde ciudadano, borracho, tuvo el infortunio de toparse con la caravana presidencial y en el que los guardaespaldas del Presidente reaccionaron, quizá como debían, pero con una más que trágica sobredimensión de los hechos, caso del señor Sas Rompich.

Los achichincles del presidente Arzú, Ministro de Gobernación incluido, pero, sobre todo, el Estado Mayor Presidencial, ya se habían inventado la de vaqueros, pretendiendo presentar como un intento de magnicidio, lo que no podía ni tan siquiera parecérsele. (continuará)

Agregar comentario: