Además de la interminable escalada de violencia y criminalidad que se abate sobre Guatemala, la crisis económica es otra de las causas de aflicción de nuestro pueblo, que cada día debe pagar más por sus precarios alimentos.
Hasta la adquisición de las tortillas y el pan se ha tornado dificultosa para los más pobres, ya no digamos las crecientes tarifas de la transportación pública en autobús a lo que se suma el penoso pago por vestuario, vivienda y salud.
Es cierto que en un alto porcentaje estamos sufriendo los efectos de la inflación importada, como consecuencia, entre otros, de la indetenible alza del petróleo internacional, de estratégicas materias primas y de la energía, que se encuentra fuera de nuestro control.
A diario surgen cada vez más encendidas protestas populares ante el encarecimiento, como ocurrió el lunes pasado en Villa Canales, donde los vecinos bloquearon la carretera y estuvieron a punto de incendiar los autobuses.
Ante semejante coyuntura son bienvenidos los esfuerzos de los poderes del Estado, en este caso el Congreso de la República, para que analice prontamente la viabilidad de aprobar la rebaja de los combustibles por medio de la reducción de los gravámenes que los afectan, como el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Otra acción conveniente sería obtener un suministro adecuado de combustible de parte de compañías extranjeras como Petróleos de Venezuela, que por medio del programa Petrocaribe ya está vendiendo combustibe más barato a los países latinoamericanos.
El Gobierno debe abordar la presente crisis económica con creatividad y pragmatismo, pero también con la urgencia que demanda la angustia de nuestro pueblo.
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