Crímenes como el cometido contra el ex asesor del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, tienen mensajes implícitos dirigidos a diversos sectores sociales que les hace pensar que nadie está a salvo en este país y que dichos actos pueden tener continuación con dirigentes políticos o sociales de cualquier nivel o posición. Por eso no hay que echar en saco roto las recientes amenazas que sufriera el obispo de San Marcos, Ramazzini, ni el asesinato del subinspector de la Policía Nacional Civil, que pueden tener el mismo objetivo: desestabilizar, provocar zozobra, temor en la ciudadanía y paralizar acciones del Gobierno en materia económica y de seguridad ciudadana. Ambas afectan intereses todopoderosos que son capaces de cualquier acción en su defensa. Uno puede pensar que los asesinatos son fruto de la delincuencia común o del ajuste de cuentas entre el crimen organizado.
Sin embargo, estos crímenes van más allá porque provocan desestabilización, dudas e interrogantes no fáciles de responder.
El tipo de operativo realizado, el grado de control que manifiesta, la planificación del momento de ejecutar la acción y el impacto que provoca el logro del objetivo hace que a todos nos llegue el mensaje “si asesinan a uno de los expertos en seguridad, a quien no pueden asesinar”, esto aumenta el alto grado de indefensión en que nos encontramos y, a la vez, la incapacidad del Gobierno para frenar estos hechos, poniéndolo en la picota de la vindicta pública que no perdona, mientras los “otros” sonríen satisfechos al demostrar que, pase lo que pase, son imparables y pueden hacer lo que les venga en gana y con quien se ponga enfrente o sea objetivo para seguir lanzando mensajes de su presencia omnipotente.
Lo que si podemos decir ante crímenes de esta envergadura, es que no importa el móvil del hecho ni quienes son los asesinos, pues si el Ministerio Público no cumple con su función de persecución penal nos encontraremos sin ninguna posibilidad de parar la ola violencia que puede llegar a cualquier dirigente político o social y sumergirnos en un retroceso prolongado que, junto a la crisis económica, llevan a la desesperación.
Suceda lo que suceda, no debe implicar para el Gobierno dar marcha atrás en una política de seguridad democrática para caer en acciones y actitudes antidemocráticas.
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