Durante el Gobierno del Presidente De León Carpio, en mi calidad de Procurador General de la Nación, representante del Estado, hube de participar en la Junta de Accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala e improbé, accionista mayoritario, sus estados financieros, lo que hice por una razón que escapaba a los intereses de Gobierno. La memoria de labores sostenía que se estaba vendiendo por debajo de los costos y, sin embargo, se desprendía utilidad en los informes, utilidad que se derivaba de la operación y no del rendimiento de ningún otro producto por lo que, una de dos: o era falsa la información que se manejaba o lo eran los estados financieros. En otras palabras, no puede prevalecer un interés más alto, por encima de la ley.
El Procurador General es el abogado del Estado y –como tal– debe de guardar plena lealtad para con su cliente y gozar de su confianza. Esto es algo que no lo establece norma alguna pero que resulta inmanente de la función que desempeña, jefe de Estado, el Presidente. Representante del Estado, el Procurador. Arzú el jefe del Estado. Yo, su mandatario. El Presidente, como Jefe que es del Estado, representante que es de la unidad nacional, formula su voluntad en todo aquello que le corresponde. El procurador, por su parte, no participa en la formación de esa voluntad –salvo como asesor o consultor, si requerido– y, como mandatario que es, debe de acatarla pero, eso sí, con un límite que necesariamente califica, que se encuentre ajustada a la ley…
La relación entre el Presidente de la República y el Procurador General debe de ser leal y respetuosa, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia: el Presidente es el Jefe del Estado y el Procurador, lo representa.
Cuando Guatel –su patrimonio– se feriaba sin pasar por el Congreso de la República, en fraude de ley y, con la subasta de un solo postor ¡guácala! Luca S.A., la sociedad de Q5 millones que se quedó con todo, incluido con lo más valioso y que era la inmensa potencialidad que tenía, se encontró con mi más férrea oposición, aquella del Procurador General y así pudo impedirse la creación de Guatel, S.A. lo que hubiera sido el colmo de los colmos.
Contrariamente a lo que fuera esta oposición, fue radical el apoyo que me permití brindarle como asesor y consultor y, en su momento, representante del Estado, a la creación de Banrural, habiéndose seguido en este caso todos y cada uno de los pasos exigidos por la ley, incluido aquel que parecía insalvable, la votación calificada del Congreso de la República, el “insalvable” requisito que se quiso omitir, y que finalmente se omitiera, en el caso de Guatel. Continuará.
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