La medida permite al Gobierno realizar transferencias presupuestarias y obviar procesos de licitación mientras dure el plan de emergencia.
Por: Ricardo Quinto
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Rafael Espada, vicepresidente de la República, entregó ayer durante la reunión de Gabinete una propuesta de acuerdo gubernativo para declarar de emergencia nacional el Plan contra la Desnutrición, que se pondrá en marcha en los próximos días en todo el país. “Ya hemos logrado el orden necesario en el Gobierno, para que, encabezados por Rafael, iniciemos una cruzada contra la desnutrición infantil”, indicó previamente Álvaro Colom, presidente de la República, cuando participaba en el II Encuentro Nacional por la Primera Infancia, de Unicef. Juan Aguilar, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), señaló que la intención de declarar de emergencia nacional la operatividad del programa obedece a la intención de querer destrabar procesos burocráticos para actuar con mayor rapidez. Citó como ejemplos la posibilidad de “realizar transferencias presupuestarias de un ministerio a otro o adquirir insumos obviando procesos de licitación”. Además, Aguilar expuso que el plan está funcionando en 83 municipios, incluidos los 44 con los que está trabajando el Consejo de Cohesión Social en estos primeros cien días de Gobierno. La emergencia nacional sería por un periodo de un año, indica Espada. Delfina Mux, ex secretaria de la Sesan, calificó como “muy importante la inversión en los niños, porque es necesario mejorar con emergencia los índices que hasta ahora se tienen en materia de nutrición infantil”. El Artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado permite que una vez declarado el Estado de emergencia, puedan aplicarse procesos abreviados para agilizar contrataciones de servicios o insumos. Según estimaciones del Vicepresidente, este año se invertirán aproximadamente US$15 millones para corregir los problemas de nutrición; mientras que Aguilar asegura que la cantidad ideal con la que se debería contar anualmente para este tema es de US$200 millones. Alejandro Urízar, analista de Acción Ciudadana, comentó que lo más preocupante de un Estado de Emergencia es que en muchos casos existe demasiada discrecionalidad en el gasto de fondos. Para ello recomienda al Gobierno aplicar normas de transparencia, como publicar todas las resoluciones que se tomen, que cada determinado tiempo se permita una auditoría, y dar a conocer a detalle la estrategia para la reducción de niveles de desnutrición. Reducción del 10 por ciento anualEl vicepresidente Espada confía que con la aprobación de la emergencia, la reducción anual de la tasa de desnutrición crónica sería de un 10 por ciento al año.El Vicemandatario estima que al concluir la actual administración, el porcentaje de reducción sería de un 40 por ciento. Ricardo Zepeda, coordinador del Área de Derecho a la Alimentación del Centro Internacional de Derechos Humanos, comentó que alcanzar una reducción del 10 por ciento en un año es casi imposible, porque para los expertos un 2 por ciento, constituye todo un logro por las dificultades que se afrontan”. Zepeda apoyó su teoría en estudios que indican que al trabajar con 43 municipios solo se reducirían los índices en un 7.3 por ciento. |
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