Un escrupuloso silencio ha guardado el Gobierno en torno a la muerte de Víctor Rivera. El Presidente anunció a su sustituto, pero respecto al asesinato, nadie en el Ejecutivo quiere emitir comentario.
Quizá los funcionarios prefieran no admitirlo pero el principal afectado en términos de imagen pública por el crimen del comisario es el Gobierno de Álvaro Colom. Nadie le quita de la cabeza a muchas personas que se expresan en la radio, en los foros de las páginas web o en las cartas a los diarios, que el Gobierno firmó la condena de muerte del investigador venezolano al rescindir su contrato. De poco sirve que los activistas de derechos humanos incorporados al Gabinete salgan ahora a tomar distancia de su despido y sugieran la participación del antiguo contendiente de Colom en el crimen. Las elecciones pasaron ya hace mucho y de aquella pasión que antes encendía tantos corazones ni cenizas quedan. Los enemigos son ahora bastante más concretos y ante la opinión pública la responsabilidad entera de afrontarlos corresponde al Gobierno.
Mataron al único funcionario policial que había demostrado pericia continuada en su trabajo. Y el asesinato ocurrió poco después de que el Ejecutivo decidiera lanzarlo a la calle. ¿Nadie previó la posibilidad de que esto ocurriera? ¿En la Secretaría de Asuntos Estratégicos alguien alertó de las probables consecuencias de esa decisión? ¿Contempló alguno el efecto extremo que podría tener este alarde de autonomía frente a una parte de la cúpula empresarial?
Se sabe que poderosos empresarios intentaron influir en el Gobierno para que Rivera se mantuviera en su papel de asesor. Pero ya se ve que los abogados del venezolano fueron incapaces de persuadir al Presidente, quien prestó más atención a otras voces y resulta improbable que haya sido a las de los activistas de derechos humanos. A ellos por cierto, les habrá de quedar poca satisfacción. El sustituto del comisario es también un elemento ajeno a la Policía Nacional Civil. Es una persona que formó parte del Estado Mayor Presidencial en una de sus épocas de menos grata memoria y da la impresión que forma parte de un poder inquietante que se consolida al amparo o al menos bajo la ingenua mirada del actual Gobierno.
Poco y mal se puede especular sobre quién estuvo tan interesado en matar a Rivera, incluso es aventurado señalar quién quiso desplazarle de la posición que ocupaba y cuáles eran sus intenciones al hacerlo, pero queda claro que su sucesor es un allegado al hombre fuerte del Gobierno, el silencioso Carlos Quintanilla. El poder de Charlie, como le dice el Presidente, empieza a hacerse notar en todas las esferas de la seguridad pública.
Una vez sustituido Rivera, el Gobierno asume ahora de manera solitaria una responsabilidad que antes compartía con los patrocinadores del comisario. En ese plano, su mayor riesgo consiste en que la percepción de inseguridad se incremente, algo que ya ha empezado a ocurrir con el propio asesinato y peor aún, que surja evidencia de un recrudecimiento de los secuestros, los robos de furgones y de valores y las extorsiones, crímenes en cuya persecución se había especializado el investigador.
Ahora se nota, por otra parte, que si bien Álvaro Colom mantiene excelentes relaciones con empresarios de gran poder económico, estos no pertenecen necesariamente al grupo que se identifica como la supercúpula y corresponden más bien a una especie de oligarquía emergente. ¿Será la muerte de Rivera el parteaguas en la relación entre el Gobierno y la supercúpula?
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