No es razonable generalizar un estigma sobre los estudiantes de un colegio, ni es sensato criticar que los padres protejan a sus hijos en medio de un clima de inseguridad. Pero hay un cuestionamiento que merece ser discutido en la nota de Marcela Gereda publicada el lunes último, y la cual ha generado una avalancha de reacciones sin precedentes en elPeriódico. Algunas de esas reacciones maduras y razonables. Muchas otras en cambio, insultantes y ofuscadas.
La cuestión fundamental es ¿cuán comprometidas están nuestras elites con el cambio de las condiciones infamantes de vida de la mayoría de guatemaltecos? Hablamos de un país en el cual cientos de miles de niños no alcanzan a nutrirse lo suficiente para desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas.
Me temo que buena parte de los integrantes de esas elites –conozco excepciones– se desentiende de esta realidad. Pero pienso igual de otros segmentos de población con menor capacidad de compra, y con la misma indiferencia ante la miseria de millones de campesinos. Esa indiferencia se traduce, solo por mencionar un plano, en el rechazo permanente a incrementar la carga tributaria para financiar la inversión en las áreas más empobrecidas del territorio. Y ese rechazo no es exclusivo de los más afortunados. Cuando el Gobierno de Óscar Berger propuso ante el Congreso una modificación al Impuesto Sobre la Renta para, entre otras cosas, gravar con el 1 por ciento a las personas que ganan más de Q3 mil y así ampliar la base de contribuyentes, los sindicatos y los grupos populares pusieron el grito en el cielo. Que paguen los ricos, dicen ellos. Y estos contestan, no hay que cobrar más impuestos, el Estado tiene ya demasiado dinero.
En el fondo, nadie quiere pagar el costo de construir una nación moderna, que ofrezca a los más pobres de Guatemala oportunidades reales vía la educación, servicios de salud, asistencia urgente de ayuda alimentaria, y capacitación para adquirir destrezas rentables. La consigna nacional es “sálvese quien pueda”. Y muy pocos podemos.
Nuestros líderes políticos se han mostrado profundamente irresponsables o incapaces ante el reto. Transan y arreglan con la dirigencia sindical y empresarial que se contenta por igual con defender o ensanchar sus beneficios.
En el país prevalece un profundo desprecio hacia la condición de campesinos e indígenas. Eso es innegable. Muchos capitalinos les perciben como haraganes que esperan a ser mantenidos.
Nos pasamos el siglo XX sin lograr construir una economía capaz de incluirnos a todos, y fuimos a la guerra en parte para lograrlo y lloramos a decenas de miles de muertos y aún así muchas cosas no han cambiado un ápice.
Algunas de las personas que respondieron a la nota de Marcela argumentan que los estudiantes del colegio Americano y sus ex alumnos contribuyen en proyectos de solidaridad. Eso es loable, mas insuficiente. El país necesita cambios más profundos para sacar de la miseria y del hambre crónica a buena parte de su población. Tampoco me persuaden quienes proponen la liberalización entera de nuestra economía. Para cuando el mercado con su infinito poder vuelva a ver a quienes hoy tienen menos, ya será tarde para otros cientos de miles de niños.
La falta de conciencia es patrimonio de casi todos en este país, pero la responsabilidad mayor frente a la urgencia de construir un sistema que combata las iniquidades es de quienes hemos tenido acceso a la mejor educación. Sea esta del colegio Americano o de un colegio parroquial de pueblo. Si los mayores beneficiarios de este sistema somos incapaces de transformarlo con creatividad, esfuerzo y compromiso para ofrecer condiciones mínimas a todos los ciudadanos, ¿quién más vendrá a hacerlo?
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