Cuando se intenta mejorar sustancialmente la calidad de la formación de las nuevas generaciones se piensa de inmediato en mejorar la calidad en la formación de los docentes que les atenderán. En estos casos el esfuerzo debe ser continuado, trascendiendo administraciones, pues los resultados solo se obtendrán luego que las primeras generaciones de egresados vayan siendo incorporadas a las salas de clase.
En nuestro país los últimos esfuerzos por mejorar sustancialmente la formación de maestros viene de finales de la década pasada y las acciones más claras, aunque desordenadas y sin mayor planificación, se hicieron cuando el ex candidato presidencial de la UCN, Mario Torres, era Ministro de Educación de la administración Portillo/FRG.
En esa época la intensión privatizadora se coló muy calladamente por la puerta del supuesto traslado de la formación de maestros de educación primaria a las universidades, pues en todas ellas, incluida la estatal, predominan y se imponen los intereses privados orientados prioritariamente a obtener beneficios monetarios. El Estado quedaría de inmediato despojado de su capacidad de orientar efectivamente la formación de las nuevas generaciones, pues a la educación superior en Guatemala solo la rigen los intereses de un mercado desordenado y especulativo.
En ese período se crearon más de quince nuevas escuelas normales para profesores del nivel primario con supuesta orientación bilingüe o intercultural. A ninguna se le proveyó de instalaciones adecuadas, mucho menos de materiales o de procesos de formación de sus docentes.
La siguiente administración trató de enderezar algunos entuertos y, luego de dudas y tensiones optó por evitar la privatización de esa formación, dejando en manos del Estado no solo el funcionamiento de las cuarenta normales públicas que actualmente funcionan en el país, sino la definición del currículum y los mecanismos de supervisión y evaluación de los centros públicos y privados. El peso en contenido y en horas del plan de estudios se amplió en casi un veinticinco por ciento, por lo que en algunos casos los claustros optaron por ofrecer esa formación en cuatro años y no en tres como es lo tradicional. Muchos combatieron esta propuesta acusándola exactamente de lo que trataba de evitar: la privatización, y otros más consideraron que el incremento en contenidos y horas afectaría a los alumnos más pobres, sin vislumbrar que solo un maestro mejor formado puede realizar una mejor docencia.
Ahora que el proceso entra en su fase decisiva, luego de casi dos años de arranque, es posible imaginar que habiendo una nueva gestión pública, los déficit que la malla curricular pueda presentar sean subsanados y se asignen suficientes recursos para mejorar sustancialmente la infraestructura de las escuelas normales. Talvez ahora se logre lo que hemos venido sugiriendo: que el último año de estudios puedan realizarlo los alumnos contando con apoyo financiero, de manera que los que cursen cuatro años no recarguen ese costo a los presupuestos de sus empobrecidas familias.
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