Este mes se realizan actividades para conmemorar los diez años del asesinato de monseñor Gerardi, el obispo mártir quien dos días después de presentar el informe “Recuperación de la Memoria Histórica” (Remhi) fue objeto de la más brutal agresión por órdenes de funcionarios del Estado Mayor Presidencial (EMP), aparato criminal del Estado que funcionó con toda impunidad con el beneplácito o tolerancia de varios presidentes del país. No fue fácil para la sociedad lograr su desarticulación como aparato oficial, ni mucho menos lo ha sido impedir que elementos del EMP pasen a las fuerzas de seguridad y ocupen puestos de relevancia como si no hubieran sido instrumento de control político, de represión y ejecución de dirigentes de diversos sectores.
Hasta hoy no ha habido poder humano que logre que los fiscales del Ministerio Público, encargados del caso, avancen en la investigación de los autores intelectuales y materiales del asesinato, y no por falta de pistas, sino porque hay temor, posiblemente órdenes explícitas de no perseguir la cadena de mando y, por supuesto, falta de voluntad política para esclarecer este crimen que golpeó a la sociedad guatemalteca, que conmovió y sacudió a la Iglesia católica y puso en aprietos al gobierno de Alvaro Arzú, que terminó siendo un cómplice más de tan aberrante crimen.
Uno no entiende por qué los acusados de complicidad o autores materiales de hechos similares guardan silencio y aguantan años de cárcel, antes que denunciar a sus jefes. Ha sucedido en el caso Mack y sucede con el caso Gerardi en el que los Lima y Orantes podrían dar un aporte sustancial al proceso de investigaciones, pero prefieren callar. Cuando los crímenes son políticos, siempre hay alguien atrás, un poder, hay una decisión “de arriba”, de quienes manejan los hilos y responden a intereses de personajes que se sienten afectados por la acción de quienes se convierten en su objetivo.
Aun cuando se aplicara todo el peso de la ley contra los autores materiales e intelectuales del crimen contra monseñor Gerardi, no resarcirá a la sociedad de los daños que le ocasionó su muerte, del temor que generó, de los programas y proyectos truncados en las comunidades, de la ausencia permanente de un personaje que había conocido la amenaza, el temor, el exilio, las acusaciones, la descalificación y que, aun así, seguía fiel a su apostolado levantando su voz por los sin voz.
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