En su reciente visita a Washington, el papa Benedicto XVI se refirió a la situación de los migrantes y a la supremacía de los derechos humanos fundamentales de toda persona.
El tema es insoslayable para Guatemala, y aunque el momento sigue siendo adverso a cualquier cambio en la política estadounidense, el mensaje del jefe de la Iglesia abre una posibilidad a la humanización del tema. Por eso, es importante que el presidente Colom lo lleve en agenda para su reunión con el presidente Bush.
En años anteriores la petición para revisar las políticas migratorias se llevó a la mesa en múltiples reuniones de trabajo con autoridades estadounidenses a distinto nivel y siempre el resultado fue el mismo. No, al Estatus de Protección Temporal, TPS, a pesar de la evidente discriminación que implica para los guatemaltecos no gozar de esa protección por contraste con nuestros vecinos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. No, a una reforma migratoria que permitiera regularizar en un tiempo razonable a los millares de personas que residen productivamente en Estados Unidos y que tanto han aportado con su disposición al trabajo a que la economía de aquel país sea competitiva.
(La propuesta conocida como Solve Act fue derrotada a pesar del esfuerzo del senador Luis Gutiérrez y Robert Menéndez, así como previamente también había fracasado el intento de la propuesta McCain Kennedy.
No, a girar instrucciones a las autoridades migratorias, para que todos aquellos que hubieran presentado evidencia de haber ingresado al país en los años de violencia, y que solicitaron acogerse al asilo mediante alguno de los programas aprobados en décadas pasadas, como la Ley Nacara, tuvieran la oportunidad de regularizar su estatus y suspender los procesos de deportación. Solamente se logró el ofrecimiento de revisar aquellos casos cuyos expedientes fueran enviados al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) a través de nuestra embajada en Washington. Evidentemente fue reducido el número de casos que se alcanzó resolver de manera favorable.
También fue consistente el No a la petición de una moratoria en las deportaciones. Para los detenidos en frontera el argumento fue el compromiso con la seguridad interna para blindar sus fronteras e impedir el ingreso de terroristas, pero, también de indocumentados. También No a suspender los allanamientos, con el argumento de haber recibido denuncias sobre falsificación de documentos, o en el caso de viviendas, porque vivían muchas personas en el inmueble o algunos habían cometido alguna falta o violado alguna ley.
Tampoco hubo receptividad a las conversaciones para organizar programas de trabajo temporal bajo la tutela de las autoridades guatemaltecas. Quienes logran actualmente esos contratos, obteniendo la Visa H–2b, lo hacen a través de reclutadores autorizados por empresas estadounidenses sin que localmente se conozca en qué condiciones van o en dónde estarán trabajando para que el personal consular pueda atenderles, y sobre todo verificar que los trabajadores comprendan las obligaciones que adquieren y los derechos que les corresponden.
Todo lo anterior no significa que deba dejarse de lado la búsqueda de acuerdos con Estados Unidos. Internamente, las iniciativas y los programas, así como las políticas tienen que ser compartidas por todos los órganos e instituciones del Estado. Hay una responsabilidad legal, pero también una responsabilidad ética para avanzar en la protección de nuestros compatriotas y la atención debe ser integral, fuera y dentro de las fronteras nacionales.
Esperamos que el mensaje del papa Benedicto XVI y la posterior visita del Presidente de la República abran opciones para que los guatemaltecos dejen de vivir en la inseguridad y el temor que hoy prevalece, y que paralelamente las instituciones del Estado se coordinen de mejor manera para que los guatemaltecos, que buscan su superación no se sientan obligados a viajar asumiendo los riesgos que implica ese traslado sin los documentos correspondientes.
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