En una decisión que linda con la estupidez, Carlos Quintanilla, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), decidió retirar el servicio de seguridad que dicha dependencia otorgaba a Helen Mack. Ya sea por ignorancia supina o mala entraña institucional, Quintanilla ignoró que tal servicio es el cumplimiento de una orden judicial al Estado de Guatemala, proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este es un hecho muy grave porque el guardaespaldas del Presidente trasciende las funciones de su cargo y decide anular una orden judicial para el Estado guatemalteco. También, porque en última instancia dicha decisión correspondería a Álvaro Colom y no a su guardaespaldas, pues ninguna ley le faculta para tomar semejantes decisiones. Asimismo, porque esta no es la primera vez que Quintanilla se sale del guacal, por lo que incurre en delitos como abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Para nadie es un secreto el rol protagónico de Helen Mack en materia de búsqueda de justicia por crímenes de Estado en Guatemala. Tampoco es un secreto que por ello puede enfrentar serios riesgos en su actividad. De allí que nadie con dos dedos de frente dude de la necesidad y la importancia de brindarle protección y más aún, cuando esta es en cumplimiento de una orden judicial internacional.
El argumento falaz de la necesidad de ubicar agentes de la SAAS no se sostiene, por cuanto dicha secretaría cuenta con suficiente personal para cumplir esta tarea. Tarea que por su magnitud no puede ser ejecutada plenamente por otro tipo de agentes de seguridad. No se trata de que por otras vías no se pueda ofrecer protección a Helen Mack. Ese no es el fondo de la cuestión. Se trata de que el Estado cumpla una obligación legal y moral para con quien ha puesto en juego su integridad en favor de la democracia y del fortalecimiento del Estado de derecho.
Por tales razones, además de corregir el entuerto de su guardaespaldas, el Presidente está obligado a destituirlo. En tanto, el Congreso de la República, en especial las comisiones de Derechos Humanos y Gobernación, harían bien en citar al secretario Quintanilla y exigirle que rinda cuentas de esta y otras decisiones que evidencian su abuso de poder y la ausencia total de idoneidad para ocupar el cargo para el cual fue nombrado.
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