El pasado viernes, 30 agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de la capital (PMT), a puñetazo limpio, “rescataron” a un agente de la PMT que había sido detenido por un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a raíz de que el sindicado, a bordo de una radiopatrulla de la PMT, había atropellado a un transeúnte, causándole lesiones graves.
El espectacular “rescate” (que si bien no se sabe si fue alentado por los superiores del improvisado grupo de choque, tampoco los han condenado) se produjo cuando el detenido era conducido por los agentes de la PNC a los tribunales de justicia para que fuera juzgado por el ilícito penal cometido. Por supuesto, el referido golpe de fuerza impidió que el infractor respondiera ante la justicia y que los agentes de la PNC cumplieran con su deber.
Esto evidencia, una vez más, que las autoridades edilicias de la capital tienen y han trasladado a sus subordinados una errónea concepción de la autonomía municipal. Sin duda, asumen que autonomía es equivalente a ejercicio de un poder soberano sobre una porción del territorio nacional (en la práctica, un Estado dentro de otro), autorrecetarse sus propias leyes y desafiar a las autoridades nacionales.
Esto se refleja no solamente en actos como el indicado “rescate”, sino también a través de la adopción de decisiones que le competen a organismos estatales nacionales, como decretar arbitrios (tarifas por licencias municipales, cargos por recolección de basura, elevación del impuesto territorial y demás), que conforme la Constitución, le corresponde con exclusividad al Congreso.
El ejercicio del poder soberano también garantiza a la Comuna Capitalina la ejecución de obra pública por medio de transferencias de recursos municipales (públicos) a organismos internacionales, fideicomisos y ONG, sin ajustarse a lo que ordenan la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley del Servicio Civil. Por supuesto, esto también asegura discrecionalidad, opacidad y ausencia de rendición de cuentas.
Sin duda, estas actitudes son intolerables, ya que propician la fragmentación del Estado, en vez de el fortalecimiento de una coordinación interinstitucional, por lo que no solo deben ser proscritas, sino también debidamente reprimidas y castigadas. En el caso de los violentos agentes de la PMT, lo que procede no es pedirle explicaciones al alcalde Arzú, sino capturarlos y procesarlos. ¿O le faltan pantalones al Gobierno?
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