Durante el año, los juzgados laborales recibieron el doble de casos por conflictos relacionados con el pago de salarios o prestaciones con relación a 2006.
Por: C. Acuña/K. Reyes
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Para darle seguimiento a los expedientes recibidos en el país, la Inspección General de Trabajo (IGT) cuenta con 280 inspectores, de los cuales, 80 se dedican a labores administrativas, lo que va en detrimento de la capacidad de visitas (2 diarias) realizadas por cada uno de ellos. Estos deben verificar las más de 40 mil empresas registradas en el país, mientras que el año pasado se recibieron 6 mil denuncias de trabajadores capitalinos que se quejan, entre otros, por falta de pago de prestaciones, por no cumplir con el salario mínimo o despido por embarazo. El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, expresó que ve la institución debilitada y sin capacidad para atender los problemas del país en esa área. “Es necesario fortalecer la inspección con más personal calificado y atender el interior del país, donde es más grande el problema”, puntualizó. Rafael González, coordinador general de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), coincide con Morales. “Hemos constatado que hay ineficiencia del Ministerio de Trabajo a través de sus inspectorías de fincas bananeras y cañeras. Hicimos un ejercicio en conjunto con el Ministerio y descubrimos que en varias empresas tienen doble planilla”, subrayó. Indicó que cuando las denuncias de los trabajadores son presentadas de manera individual, estos terminan por desistir. El viceministro laboral, Mario Roberto Illescas Aguirre, señala que está consciente que esta dependencia debe ser fortalecida y modernizada. Los inspectores no se dan abasto para visitar continuamente una empresa. Actualmente, solo se realizan visitas por denuncia y no por oficio como debería ser, explicó Illescas. Por esto planifica la implementación de tecnología, además de contratar más personal calificado (con educación superior) para las inspecciones. Luego de un diagnóstico que se realizará en la IGT se podrá determinar cuántos inspectores son necesarios para cumplir con las visitas a las empresas donde se verifica la denuncia recibida, señaló Illescas. De acuerdo con Illescas, la IGT es la columna vertebral del Ministerio de Trabajo, puesto que es la protectora del trabajador y hace las veces de un mediador de conflictos. Cuando estas desavenencias no se logran conciliar es necesaria la intervención de un órgano judicial laboral, comentó. Una visita de oficio realizada esta semana a una maquila ubicada en la zona 7, corroboró que el empleador sacaba a la calle a sus empleados para que tomaran sus alimentos. La empresa fue prevenida para que establezca un comedor dentro de sus instalaciones. Si la desatención continúa será necesaria la intervención de un juez competente. Ese viceministerio recibe denuncias contra los inspectores porque requieren cantidades monetarias para evitar una multa. Sin embargo, la limitante para investigar estos casos es que los afectados se retractan de presentar una denuncia oficial. Como un caso ocurrido en Cobán, en el que un inspector pretendía obtener Q30 mil de un empresario. Más demandas laboralesEl Organismo Judicial duplicó en 2007 las demandas laborales en los Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Según estadísticas, un total de 4 mil 914 expedientes ingresaron a estas judicaturas para discutir el pago de prestaciones laborales o el despido injustificado de un empleado.La juez cuarto de trabajo, Sandra Mazariegos, dice que por lo general estos expedientes se resuelven a través de un acuerdo, ya que para un patrono resulta un precio muy alto tener que cancelar las costas procesales, la posible sanción a imponer por parte del juzgado, ante el incumplimiento de sus obligaciones, además, la indemnización del empleado. |
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