Los problemas nacionales han robado la atención al grupo de fiscales hondureños, que en un sorprendente acto de osadía se declararon en huelga de hambre en repudio al trato que le da la Fiscalía de su país a los casos de corrupción. Nada nuevo, en nuestro país se ha experimentado lo mismo: expedientes engavetados, traslado de fiscales clave, en fin, todo el despliegue de discrecionalidad de la figura del Fiscal General en beneficio de funcionarios corruptos y el desfalco del erario nacional. El gesto parece desesperado, pero fue respaldado por miles de hondureños en una marcha a favor de la lucha.
La democracia permite mecanismos de incidencia de la sociedad civil hacia el Estado, pero también los burocratiza, archiva y olvida. En nuestro país, los sinceros llamados de justicia se ahogan en un océano de propuestas y peticiones tendenciosas y mecanismos que desvían el propósito de un honesto cambio. Las alternativas legales parecen vacías, votar no es suficiente; y las tradicionales marchas, bloqueos o medidas “de hecho” han sido banalizadas por grupos de presión corruptos. El resultado final de este paquete es la impotencia colectiva.
Guatemala no es el único país donde los instrumentos democráticos a favor de la ciudadanía parecen fallidos. Nuestros hermanos hondureños también sienten el trago amargo de un sistema intransigente. Irónicamente, se rehusan a soportarlo y con su gesto parecen llamarnos a despertar. Lo significativo es que la acción viene de los funcionarios públicos. Esto esclarece que si cada funcionario tuviera una conciencia ciudadana, difícil sería para el poder público sesgar sus actuaciones en perjuicio del bienestar colectivo. También aclara que la corrupción no se ejerce por las altas esferas del poder exclusivamente, sino en connivencia con los servidores públicos.
El concepto de desobediencia civil fue instaurado por el estadounidense Thoreau en 1848, que se rehusaba a pagar impuestos a su país el cual se encontraba en guerra expansionista contra México. Habló de una revolución pacífica que desafía la Ley en apelación a la justicia. Es un acto político no violento, pero sobre todo moral y dispuesto a aceptar el castigo. No es una manifestación que defiende intereses sectoriales, es más bien un sacrificio público en defensa de los principios morales, que por más inconvenientes, son justos.
En Guatemala, la desobediencia civil no es nueva. Sin embargo, hemos de reconocer que la esencia que la impulsa está dañada: los guatemaltecos ya no creemos en la moralidad del Estado y nos resignamos, cada vez más, al concepto de que las instituciones son corruptas “por naturaleza”.
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