La actividad económica comienza a mostrar claros signos de desaceleración (en el mejor de los casos), extremo que se evidencia con la lenta pero marcada declinación del Índice de Actividad Económica (IMAE), que en febrero de 2007 se situó en 6.49, mientras que en febrero de este año fue de 5.05, extremo que podría redundar en un decrecimiento económico.
Esta desaceleración, que evoluciona hacia una recesión (crecimiento negativo del PIB) combinada con inflación (exógena), no solo está inquietando seriamente a los agentes económicos, sino que ya se está traduciendo en reducción del consumo, desinversión, cierre de empresas y pérdida de empleos.
En una época de vacas flacas, lo lógico sería que el Gobierno adoptara una estricta política de austeridad y de reducción de la burocracia. Sin embargo, la contracción económica pareciera no importunar al Gobierno, ya que está gastando a manos llenas. Peor aún, el Gobierno está apuntalando el gasto público a través de la contratación de más deuda pública (con el dócil aval del Congreso) y, adicionalmente, pretende decretar nuevos impuestos.
Cabe advertir que la deuda pública interna aumentó entre el 31 de diciembre de 2005 y el 29 de febrero de 2008 de Q16.4 millardos a Q 24.3 millardos, es decir un 48 por ciento, en tanto que la deuda pública externa aumentó en ese mismo período de US$3.7 millardos a US$4.2 millardos, o sea un 12.6 por ciento. Este nivel de endeudamiento con respecto al PIB ya no es razonable, sino mayor de lo que puede soportar una economía como la nuestra.
Asimismo, el saldo de las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) al 30 de abril de 2008 se situó en Q11.9 millardos. Cabe recordar que, de conformidad con la nueva legislación financiera, las pérdidas operativas del Banguat por este concepto deben ser cubiertas con ingresos fiscales presupuestados. Por cierto, debido a que la Junta Monetaria (JM) ha aumentado la tasa de interés (con el ánimo de atajar la inflación exógena), se anticipa un aumento progresivo de los OMA, además de un encarecimiento del crédito, lo cual ya está impactando no solo en el tipo de cambio (revaluación del quetzal), sino también en la inversión productiva.
Según la Constitución, corresponde al Congreso aprobar la contratación de nueva deuda pública y a la JM dictaminar sobre la misma. En nuestra opinión, dadas las condiciones económicas imperantes, no debería aprobarse ninguna deuda adicional, salvo en casos de catástrofes o desastres públicos.
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