La crisis económica mundial está teniendo graves repercusiones en nuestro país, siendo las más importantes el alza generalizada de precios y la elevación progresiva de las tarifas de servicios públicos esenciales (energía eléctrica, agua, transporte colectivo y demás). Inequívocamente, los detonantes inflacionarios son el encarecimiento de los combustibles y la especulación de alimentos.La incertidumbre y la desconfianza entre los agentes económicos también están incidiendo negativamente en la actividad económica, toda vez que están desincentivando la inversión y el consumo, lo que inevitablemente se traduce en desempleo y empobrecimiento. En definitiva, un círculo vicioso inextricable.
Sin duda, el descontento y la desesperación comienzan a manifestarse a través de airadas demandas, protestas y marchas, en el mejor de los casos, y de una espiral de violencia social, en el peor. La gente está reclamando que se adopten decisiones urgentes, porque sus condiciones de vida se están deteriorando rápidamente, tanto así que muchos no pobres están cayendo en la pobreza, y muchos pobres ya están siendo agobiados por el hambre.
Empero, lo más preocupante es que el actual Gobierno no está reaccionando como se esperaría ante el acontecer. Por el contrario, se percibe una gestión gubernativa propia de tiempos de bonanza económica. En lugar de que el Gobierno se sujetara a una estricta política de austeridad, que sería lo aconsejable, todo apunta a un crecimiento absurdo de la burocracia y a un desafortunado aumento del gasto destinado a clientelismo político (intercambio de favores por votos y apoyo político), a través de un renovado sistema paralelo de gasto público (consejos, secretarías, fondos, etcétera).
Adicionalmente, el Gobierno para financiar el gasto público incremental ha venido contratando nueva deuda pública y está anunciando nuevos impuestos.
En mi opinión, lo que se esperaría del Gobierno es que convocara y liderara un pacto social derivado de un consenso sobre las medidas económicas, sociales y políticas que deben adoptarse para enfrentar la crisis que se cierne sobre nosotros. La austeridad, la transparencia, la lucha anticorrupción, la calidad del gasto público, la desgravación parcial de combustibles, la estabilidad impositiva, la seguridad pública como prioridad y los subsidios directos y justificados deberían ser los compromisos mínimos del Gobierno. Los compromisos de los otros sectores deberían girar en torno a la protección de la competencia, el apoyo a la recaudación tributaria, la estabilidad de precios de los productos de la canasta básica, de los salarios y los empleos, así como la solidaridad con las personas y grupos más débiles y vulnerables.
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