La decisión del Gobierno de concentrar la inversión social en los 45 municipios más pobres, solo puede ser aplaudida. Es, además, meritorio que se ejecute con tanta determinación. El que la esposa del Presidente se haga cargo de coordinarlo y vigilar su cumplimiento habla del compromiso político que Álvaro Colom tiene con esta idea.
El programa estrella de esta iniciativa se titula Mi Familia Progresa y se encuentra en fase inicial.
Desarrolla un plan piloto en comunidades de cuatro municipios de Sololá y Quiché. Consiste en la transferencia directa de renta a las familias más pobres, censadas en los municipios que, según los técnicos de Segeplan durante el Gobierno Berger, son los menos favorecidos en ingreso económico e índices de desarrollo humano. Las familias reciben una modestísima contribución mensual de Q150 por enviar a sus hijos a la escuela y Q150 más por cumplir con un programa de salubridad.
Compare usted esa cifra con los US$150 o US$200 que el programa similar del Gobierno de Costa Rica paga a los padres de alumnos de secundaria por mantenerlos en la escuela.
Y es que, en materia de transferencia directa de renta, Guatemala es uno de los últimos países en subirse a un tren que echó a andar hace tiempo. El Gobierno de Arena, en El Salvador, lo ha puesto en marcha desde hace tres años, lo cual habla de la carencia de signo ideológico de la medida.
Derechas e izquierda la aplican por igual. México, Colombia, Brasil, Chile también lo hacen desde hace tiempo.
Pero si la decisión de enfocar los esfuerzos en esos municipios resulta incuestionable, el método que se utiliza no tiene por qué ser ajeno al debate público. El Gobierno de Álvaro Colom priorizó un programa de asistencia directa como lo es Mi Familia Progresa ante un programa de desarrollo de capacidades personales en la mujer, como Creciendo Bien, puesto en marcha por el Gobierno de Berger. Encuentro razonable la priorización, dada la urgencia de las necesidades de los campesinos, pero lejos de ser excluyentes, ambos programas u otro programa que desarrolle capacidades ciudadanas en las personas, son complementarios y se necesitan entre sí.
Los niños de esas comunidades requerirán de escuelas y de una educación de calidad. Difícilmente podrá alcanzarse las metas si los maestros no asisten puntualmente a dar clases. Los puestos y centros de salud tendrán que enfrentar una demanda de servicios que hasta el momento no han tenido. ¿Estarán los ministerios de Educación y Salud listos para enfrentar el reto? ¿Tendrá el Estado los mecanismos apropiados para garantizar que los servidores públicos cumplan con su parte? Una población debidamente capacitada para ejercer sus derechos y demandar los servicios podría contribuir en buena medida a alcanzar el objetivo.
Por lo demás, el Gobierno merece reconocimiento por esta decisión que asiste a los más damnificados por la existencia de unas estructuras sociales y económicas injustas. Sin embargo, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarle: ¿piensa el Gobierno de Colom tratar de mitigar las consecuencias de estas estructuras injustas o está dispuesto a transformarlas?
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