Moción privilegiada, planteó uno; urgencia nacional, gritó otro; así no hay análisis ni dictamen de Comisión alguna. Dicen que el presidente Colom quiere la Ley, el Gabinete Económico la avala, el partido de Gobierno pide apoyo. Casi todos la suscriben, incluyendo la oposición.
Quién va a oponerse a repartir regalías petroleras entre los pobres, especialmente en las áreas donde se realizan operaciones petroleras; acaso no estamos en tiempos de solidaridad. Los peteneros estarán de fiesta; además, son votos.
No importa que en la misma Ley, originalmente planteada, se autorice al Ministerio de Energía y Minas que, sin licitación, celebre nuevos contratos de operaciones petroleras para la exploración, explotación, conducción y transporte. Además, que prorrogue los contratos existentes. Claro, es para sostener el Fondo Petrolero (Fonpetrol), se justifica.
Pero el pleno del Congreso recapacitó y, aunque el hemiciclo estaba rodeado de acarreados que vociferaban exigiendo la inmediata aprobación del Fonpetrol, decidió pedir dictamen conjunto de las comisiones de Finanzas, Energía y Economía, y que el proyecto de ley siguiera su trámite normal de aprobación.
A favor se pronunció el Ministerio de Energía; en Economía, no había Ministro. Extemporáneamente, luego de emitido el dictamen conjunto, el Ministerio de Finanzas se opone.
Desconcierto y molestia entre quienes apoyaron la iniciativa y fueron sorprendidos en su buena fe.
Especialmente entre muchos de los 90 diputados nuevos. Se confirma que asuntos tan trascendentales no pueden verse a la carrera y sin mayor discusión. Queda sembrada desconfianza sobre propuestas que provengan de ponentes que pregonan urgencia nacional, o resuelven asuntos delicados contra reloj o bajo la presión de barras bravas.
Desconsolados quedan los municipios donde ocurren operaciones petroleras, porque todavía no recibirán regalías como las que reciben los municipios con explotación minera. Las regalías petroleras son US$100 millones. Con Fonpetrol, 20 por ciento se asignarían a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), donde se llevan a cabo operaciones petroleras; 5 por ciento (mejor sería 7) a los Codedes del resto del país (no a los municipios, según el proyecto); y 3 por ciento para las entidades ambientalistas oficiales, encargadas de las áreas protegidas. El resto, al Fondo Común.
Urgente es ponernos de acuerdo, porque hay que aprovechar el petróleo. Si no se hace nada, como los mantos petrolíferos subterráneos traspasan fronteras, nuestro petróleo quizás termine siendo sustraído, pero desde países vecinos.
Agregar comentario:
4 comentarios: