Los traspiés del Renap

4 comentarios:

1. Alan Cosillo:
   Yo creo que la gente del Renap, nunca fue a ver a la Muni, la exageración de trabajo que representa llevar los registros de población. Es más la oficinita que abrieron, ni siquiera llena el área que la Municipalidad destinaba para esos efectos. Como primera experiencia, es necesario, que se amplíen las oficinas y que se separen los diferentes trámites. Nos posible que a la par de un registro de niño, se haga registro de un matrimonio o una defunción. Lo que a la Municipalidad le tomó cerca de 20 años eficientar, el RENAP lo destruyó en un tras paso mal hecho. Que va a pasar cuando la gente vaya a pedir fé de edades para inscripción de escolares. Todavía les falta la emisión de cédulas. Ojalá que haya dinero para dividir las funciones y para ampliar oficinas. Sino que empiecen a cabildear para buscar más dienro, y que de este primer mal momento aprendan.
2. Walter Guillermo del Cid R.:
   Desde el año 2002 de una manera más o menos sostenida y con el valioso aporte de la Cooperación Internacional, se había venido impulsando un proceso para que en los registros civiles municipales, se implementara todo un complejo sistema que permitiese la digitalización de los procesos propios de cada municipalidad. Hasta enero de este año, más de 230 municipalidades ya efectuaban la cédula bajo procedimientos de elaboración electrónica. También las certificaciones de nacimiento y otros documentos propios de la situación civil de sus respectivos vecinos. La inversión fue cuantiosa si sumamos el equipo humano y material alrededor de esta infraestructura de servicio a los vecinos de esos municipios.
   
   La “cartilla” o cédula de vecindad como comúnmente le conocemos, es en efecto un documento vulnerable, débil en su certeza y anacrónico en su conjunto. La Ley de Cédulas, ahora ya derogada, data de la época de la dictadura de Ubico.
   
   La Asociación Nacional de Municipalidades en efecto se manifestó en desacuerdo, por la forma y el fondo de las normas contenidas en el Decreto Número 90-2005. La inconstitucionalidad se presentó hace casi dos años (el 10 de mayo de 2006). Este acto democrático, legal y moral para velar por el patrimonio municipal, fue resuelto en definitiva por la Corte de Constitucionalidad a finales del año pasado en sentido negativo. En este lapso el decreto sufrió cuatro reformas. La penúltima el 15 de mayo del año pasado.
   
   Las dificultades para que el propio Congreso de la República se pusiera de acuerdo para nombrar a quien habría de integral el Consejo Directivo, en nombre de este Organismo del Estado, fueron parte de los tropiezos, para el inicio adecuado de su puesta en marcha. Ahora afloran, según las publicaciones de prensa a las que se ha podido identificar, arreglos de dudosa procedencia, nepotismo y otros excesos de autoridad por la persona que precisamente representa al máximo foro político Nacional.
   
   La legislatura anterior de paso, atropelló uno de los cuerpos normativos de mayor coherencia dentro de nuestro sistema de legalidad (el Código Civil, emitido y promulgado paradójicamente, dentro de un régimen de facto, una administración no democrática).
   
   Ninguno de los alcaldes directivos en aquel entonces manifestaba su rechazo a la puesta en marcha del Documento Personal de Identidad. De hecho la falsificación de cédulas no ha tenido como único nicho a los registros municipales. Mediante un conjunto de medidas para propiciar certeza, veracidad y no duplicidad del documento que nos identifique a todos, representó para la mayoría de los alcaldes un aliciente y una liberación de una sombra que de manera ligera recaía en dichas administraciones ediles.
   
   Pero la “dedicatoria” contenida en la propia norma (el decreto 90-2005) habrá de representar una inversión adicional para el presupuesto nacional, quizás superior a los OCHENTA MILLONES DE QUETZLES. No se optimizó lo previamente invertido y de pronto todo el esfuerzo en materia de capacitación, equipo y programas es anómalamente absorbido por este nuevo ente que, en cuanto a normas de seguridad y garantía en efecto ha de ser centralizado, pero es un absurdo que no se haya concebido a las municipalidades como un aliado, administrativo y operativo y que solo hubiesen privado intereses espurios de los que hoy, por las publicaciones en los medios de comunicación social nos damos parcialmente como enterados.
   
   Eso y más se quiso impedir con la acción presentada el 10 de mayo de 2006, por parte de la Junta Directiva de ANAM. Lamentablemente un ahora magistrado de la Corte de Constitucionalidad, antes fue diputado y activo impulsor del cuestionado decreto. No se inhibió de conocer dicha materia. Se constituyó en juez y parte.
   
   Ahora los guatemaltecos en aras de la “modernización” también tenemos que soportar el capricho y los negocios de unos pocos. A pesar de lo resuelto, la historia le da la razón a ese movimiento municipalista que tuvo el coraje de sustentar la defensa tanto de la autonomía municipal como el patrimonio edil y el respeto y atención a sus respectivos vecinos. Que había deficiencias, las había; que se debieron corregir procedimientos e implementar otras medidas a fin de proveer certeza al documento que nos identifique, es necesario e incuestionable. Pero el costo y la corruptela tal vez no ameritaban que se impulsase lo que ahora padecemos.
   
   
   
   Ex Secretario Ejecutivo de ANAM.
3. Guillermo Castañeda Lee:
   Abajo encontrará los objetivos por los que se planificó Renap por allá por los años 1980 los cuales creo que no se cumplen por nombrar gente sin experiencia en registros, por nombrar parientes.
   
   
   
   Renap
   
   Esta es la dependencia encargada de emitir el documento de identificación de los guatemaltecos, que evite la suplantación, la falsificación y los problemas electorales y no simplemente la que cambie de un documento por otro.
   
   
   
   Quiero expresar algunas de las consideraciones que según entiendo dieron origen allá por el año de 1980 la creación en el menor tiempo posible, un Documento Unico de Identidad, difícil de ser falsificado con el cual se evitaría la suplantación de personas, así como hacer inútil y que no tuviera ningún objetivo estratégico la quema de los registros civiles por parte de la guerrilla, con la finalidad de hacer difícil el control poblacional.
   
   Con estas premisas en mente se empezaron a elaborar planes para que el nuevo documento cumpliera como mínimo los objetivos propuestos y no fuera simplemente el cambio de un documento por otro, previa una exhaustiva evaluación para asegurar que el documento que las personas usaban para identificarse, no fuera simplemente cambiado por uno nuevo, pues de ser así, sería únicamente el cambio de un documento por otro que bien pudiera resultar falso.
   
   Para lograr lo propuesto, habría primero que hacer un análisis de cómo operaban los registros civiles y que procesos sufría la información desde el nacimiento de las personas hasta su defunción y como se podría estar seguro si la persona no usaba la identificación de otra que ya había fallecido, ya sea para fines delictivos o sencillamente para identificarse, pues sus padres no los inscribieron dándoles el nombre de un hermano fallecido.
   
   Dentro de todos estos análisis se determinó que la única forma de lograr eliminar la suplantación de personas y la falsificación de documentos era contando con una Base de Datos que tuviera la información de todos los registros civiles de la república, ya que si se individualizaba por municipios no se lograría los objetivos propuestos, debido a que las defunciones solo son registradas en el lugar donde fallece la persona y no se envían a su lugar de origen o al lugar donde se encuentra avecindado, o sea si la persona fallece en otro lugar, se puede continuar solicitando y usando su partida de nacimiento, aunque de hecho puede ser solicitada de cualquier forma, ya que los registros de nacimientos y defunciones de la forma que se acostumbraba, no estaban interconectados.
   
   Para lograr corregir todas estas discrepancias lo primero que se tiene que hacer es empezar a digitalizar todas los datos de las partidas de nacimiento de por lo menos los últimos 80 años, a la par de esto, se debe digitalizar las partidas de defunción a fin de hacerle una anotación a la partida de nacimiento, en el caso de en que la persona ya ha fallecido. Si los nuevos empleados de Renap en cada municipio hubieran hecho un poco diariamente desde un principio, en un año hubiera estado ya depurada toda la información, pero según entiendo a la fecha no se hace nada de esto y se piensa extender el nuevo documento sin hacer una depuración previa, talvez en base lo que se tenía en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, pero hay que acordarse de que se argumentó en la ultima elección de que existían documentos duplicados.
   
   Finalmente con el propósito de evitar sorpresas en el caso de atentados, de siniestros fortuitos o de alteración en los registros digitalizados, se debe fotografiar toda la documentación actual con cámaras digitales para guardar la información en un lugar seguro. Esta operación puede ser hecha en forma gratuita por organizaciones que trabajan en escribir la historia genealógica de la humanidad, pero entiendo que no se ha iniciado este proceso.
   
   No pretendo que estas observaciones conduzcan a un sistema de identificación perfecto, pues el Renap con su equipo técnico el que en ultima instancia debe establecer los mecanismos para que el nuevo documento sea seguro y confiable, por lo que entre su personal debe de contar con ingenieros en sistemas, expertos en registros civiles y expertos en seguridad.
   
   
   
   
4. Maria Rivera:
   Que verguenza, tanta inversión del congreso a Renap, pero se equivocaron en los directivos nombrados, quitenlos...
   
   se hanbuerlado de la población, son poco transparentes, honrados, no conocen la administración pública y sus normativas, la Contraloría debe inervenir la institución pues hay muchas dudas, además el trato hacia sus empleados es cruel, esclavizante,y sinpago de horas extras,el Honorable congreso debe intervenir ya , y no permitir mas actos anómalos que aun no han salido.
   
   Ojo a la pésima atención hacia las pobres
   
   madres con sus hijitos, a los familiares dolientes en fín , como sociedad civil exigimos al Contralor envíe un grupo de auditores y encontraran muchas sorpresas, y entrena ver los sistemas informaticos que fallan muchisimo en las sedes aperturadas, y es mas los datos no los encuentran QUE VERGUENZA.