No hay duda. Alfonso Portillo es un hombre astuto, un pícaro, que cambia de discurso de acuerdo a su conveniencia.
Bien recuerdo a inicios del año 2000, a escasos seis meses de que el Presidente eferregista asumió el poder, cuando expresó su deseo de disolver el Parlamento por considerarlo “inoperante y costoso para el país”.
Sin embargo, ocho años después este elefante blanco sirve de escudo a Portillo para evadir la ley, es su as bajo la manga para vivir impune y a cuerpo de rey en México.
El pasado martes, una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) favoreció a Portillo, al determinar que el Estado guatemalteco incurrió en violación al derecho comunitario al negarle el derecho de antejuicio que le facultaba al ser diputado al Parlacen.
En febrero pasado, Portillo interpuso una demanda alegando que no se le permitió asumir como diputado al ente regional. A pesar de que el Estado guatemalteco argumentó que la demanda no tendría fundamentos porque Guatemala no estaba adherida a la CCJ cuando tuvo lugar la acción de Portillo y, además , porque la Constitución guatemalteca tiene prevalencia sobre los tratados internacionales.
Pero lo cierto es que la CCJ decidió amparar al prófugo Portillo simplemente porque en sus escaños se sientan automáticamente los presidentes y vicepresidentes de los países miembros al concluir sus mandatos, prorrogando su inmunidad para eludir a la justicia.
Es fácil percatarse que el Parlacen se ha convertido en refugio de políticos que han cometido actos delictivos y que pretenden, por medio de su inmunidad y privilegios, quedar impunes.
El dictamen que ampara a Portillo, además de ser vergonzoso pone sobre el tapete nuevamente la inutilidad de seguir costeando con nuestros impuestos a un Parlamento ineficiente y corrupto, donde además se le paga a cada uno de sus diputados US$4 mil 460 al mes.
Portillo se refugió en México en febrero de 2005, luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera despojarlo de la inmunidad para ser sentado en el banquillo de la justicia. Ahora el Parlacen le protege.
Lo mismo pasó con su íntimo amigo, el ex gobernante nicaragüense Arnoldo Alemán, acusado y condenado a 20 años de prisión domiciliaria por corrupción. Alemán se refugió en el Parlacen, mientras otros de sus miembros han sido detenidos por casos de narcotráfico.
Similar ha sido el caso del diputado hondureño César Díaz, detenido en julio de 2003 cuando transportaba 7.2 kilos de cocaína.
El alto costo económico sin resultados visibles que pagan los países centroamericanos por el funcionamiento del Parlacen reaviva la polémica sobre la necesidad de revisar los objetivos y la vigencia de todos los organismos de integración regional. Particularmente porque muchos de sus diputados se han visto implicados, en los últimos meses, en presuntos actos de corrupción, narcotráfico y estafas .
Aún conservo entre mis notas un interesante análisis que realizó el periodista Karlos Navarro, en el Nuevo Diario, de Nicaragua, en 2006. En el escrito se revela detalladamente que “el Parlacen gasta US$10.2 millones anuales, mientras que los ciudadanos no tenemos ningún beneficio práctico de esta institución. Como muestra de este despilfarro, el 85 por ciento de esa cantidad es utilizado para pagar los salarios de los diputados y sus viajes. Con el resto se alimenta la maquinaria administrativa del foro, el cual tiene aproximadamente 100 empleados distribuidos en las seis subsedes ubicadas en los países miembros. A este destino van a dar US$71 mil al mes, es decir, US$854 mil al año.El ingreso promedio de cada empleado es de US$712 , más de nueve veces el salario de un maestro y, por supuesto, más de lo que la ley establece como salario mínimo. Y lo peor es que el salario de los diputados no sufre disminución alguna, ya que no pagan impuestos debido a la naturaleza de la institución, “organismo internacional”.
Otro gasto grande es el que está en la partida llamada “proyectos Junta Directiva”, en la cual cada mes se gastan US$17 mil 500 para un total de US$210 mil al año. En contraste, el Parlamento solo cuenta con US$4 mil 800 al año para sufragar los gastos de “entrenamiento y capacitación” de los empleados. Los parlamentarios, por otra parte, solo trabajan 117 días al año en sus oficinas en la ciudad de Guatemala; esto equivale a la mitad de los 230 días que tiene que trabajar cualquier empleado común y por ello ganan casi US$5 mil.Lo más extraño de este grupo de burócratas transnacionales es que, a pesar de ser un Parlamento, en 15 años no han aprobado una iniciativa de ley, porque solo recomiendan; sin embargo, ninguna de sus resoluciones es de cumplimiento obligatorio. Creo, sinceramente, que ha llegado el momento de poner un alto a esta situación.
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