El reciente paro del transporte pesado evidenció que todas las partes involucradas tenían algo de razón (aunque se merezcan también un jalón de orejas en diferente grado de intensidad).
Vamos por partes, empezando por la Comuna. El problema del tráfico en la capital es real y muy serio. Limitar el horario de la circulación de tráileres ha aliviado en algo el pandemónium de los embotellamientos. Yo vivo cerca de uno de los embudos de tránsito más exasperantes, y desde que se impuso la medida, las cosas han mejorado. No tanto como para que el retorno a casa el viernes en la tarde deje de ser una misión delirante, pero me dan escalofríos solo de pensar cómo sería aquello si además de los ríos de carros y las groserías de las camionetas hubiera que lidiar con el transporte pesado.
El alcalde Álvaro Arzú tiene razón al mantener el horario. El bien común debe prevalecer sobre el interés de una minoría. Si acaso, me atrevería a sugerir que se puede ceder bajando la hora tope de la noche unos treinta minutos, pues actualmente la prohibición llega a las ocho y media, cuando quizá lo peor del tráfico ya pasó a las ocho en punto.
Ahora bien, aunque el Alcalde metropolitano haya hecho lo correcto al proteger la regulación del tráfico, eso no quita que debería escuchar a los pilotos, pues ellos también tienen puntos válidos que deben ser atendidos. No se trata de “pastelear” para quedar bien con todo mundo, pero tampoco resulta aconsejable ignorar totalmente a un sector con capacidad de paralizar al país, poner a los capitalinos al borde de un ataque de nervios, hacerles perder horas y provocar pérdidas económicas millonarias.
Lo cual nos lleva a los causantes de la huelga: los pilotos del transporte pesado. A pesar de la fregada que nos dieron la semana pasada, hay que reconocer que sus reclamos no son extravagancias sacadas de la manga.
Tienen razón al exigir mayor seguridad en las carreteras, especialmente si tienen que quedarse estacionados en la noche, donde se vuelven presa fácil de los ladrones. Y tampoco es correcto que se les haga trabajar extenuantes jornadas sin pagarles horas extras. En todas partes del mundo los conductores de tráileres manejan muchas horas, pero como son responsables de la carga y el vehículo (que es muy caro), se les compensa adecuadamente.
Esta última petición de los pilotos es razonable, pero los primeros llamados a resolverlo no son ni el Alcalde ni el Gobierno sino los empresarios del transporte pesado. Y ahí hay mucha tela que cortar.
Ese gremio no está conformado precisamente por niñitos de primera comunión. No quisiera generalizar porque como en todos los sectores hay personas honorables, pero es bien sabido que el sector se ha prestado a complicidades con el crimen organizado, amén de que no destacan tampoco por su responsabilidad ciudadana.
Solo yo conozco de primera mano una veintena de casos de personas que han muerto en accidentes provocados por transporte pesado, algunos provocados por pura irresponsabilidad de los pilotos pero otros también por falta de mantenimiento de sus enormes máquinas. En cuanto al Gobierno, debo decir que aunque quizá tardaron algo en reaccionar, me sorprendió que al final de cuentas ejercieran la autoridad del Estado y no permitieran que un grupito de inconformes se llevara por delante a toda la población de la capital.
Ojalá así de decididos fueran para todo. Durante mucho tiempo el Gobierno de Guatemala ha optado por darle largas a cualquiera que intente poner a la sociedad en jaque, incluso cuando se viola la ley. Lo hemos visto en innumerables ejemplos: el umbral de tolerancia puede ser muy alto cuando los funcionarios calculan que imponer la ley puede acarrear algún tipo de desgaste político.
En conclusión, esta crisis ha vuelto a poner en evidencia que el sistema vial de la ciudad de Guatemala ya no da para más. En este y otros problemas, la única salida es que la Municipalidad, el Gobierno central y el sector privado se pongan de acuerdo para diseñar soluciones integrales que pongan al día los servicios básicos de la ciudad.
En particular, esperemos que entre la Municipalidad y el Gobierno central existan las condiciones para trabajar en equipo, pues sin coordinación institucional la capital está próxima a colapsar.
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